N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 239
En el derecho procesal penal, el principio de insginificancia se lo ha considerado, como
bien lo expone el Dr. Diego Lavado ("Estudios sobre el nuevo Código Procesal Penal de
Mendoza", ed. Jur. Cuyo, Mza., 2000, p.198/199), desde dos ópticas: 1º) Como sujeto a
la aplicación de procedimientos especiales abreviados o sumarios con plena vigencia del
principio de legalidad; o 2º) Como principio de oportunidad procesal como excepción al
principio de legalidad, que es el caso del criterio adoptado por el Legislador mendocino,
que se traduce en analizar la cuestión del principio de insignificancia no a la luz del
derecho sustantivo sino del derecho de forma como vinculando al ejercicio de la acción
penal y como causal suspensiva de la misma y eventualmente extintiva de ella,
considerándola una atribución legislativa de las provincias por tratarse de una facultad
no delegada a la Nación.
Desde ya he de pronunciarme por el rechazo de la posición procesalista que evalúa el
principio de insignificancia como criterio de oportunidad procesal por entender que el
mismo resulta inconstitucional al tratar sobre materia que es propia del derecho penal de
fondo, por tratarse de una causal que debe excluir la punibilidad en el caso concreto
(excusa absolutoria), siendo entonces materia delegada por las provincias a la Nación y
sobre la cual el legislador provincial no puede introducir modificaciones que, como
queda patente en nuestro caso, altera el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Sobre este tópico ni la doctrina mendocina, ni recientemente la S.C.J.de Mza. se ha
pronunciado afirmativa o negativamente (v. Lavado Diego. ob. cit.; Sosa Arditti
Enrique-Luis Jaren Agüero, "Ley 6730, Código Procesal Penal de Mendoza. Comentado
Anotado", Ed. Jur. Cuyo, Mza. 2000, p. 51/52; Aguinaga Juan A., "Reforma procesal
penal. Lo que está vigente", Artes Gráficas Unión, Mza., 1999, p. 21/22; S.C.J.Mza.,
autos nº 83449, "F. c/Sosa Morán Juan R….", fallo del 19/9/2005, L.S. 356.171, Rev.
Jurisp. de Mza. nro. 69, p. 1 y sgtes.),
Por otra parte, tan arbitrario y desigualitario es establecer el principio de insignificancia
como un supuesto de oportunidad, que ante la ausencia de definición legislativa respecto
de lo que debe interpretarse por principio de insignificancia, del que ni siquiera se alude
como lesión o afectación al bien jurídico como lo relata la doctrina y los comentarios
legislativos errónemanete, sino que se lo individualiza como "hecho insignificante",
cabe preguntarse: ¿Qué comprende tal insignificancia?: ¿Si el valor del bien jurídico?,
y en su caso ¿Para quién? ¿Para la víctima, para el imputado, para la sociedad, para el
Fiscal o para el Magistrado?; o ¿Si la trascendencia de la acción o del resultado o de
ambos?; o ¿si abarca el hecho consumado y/o Tentado?, etc. Sin dudas que su valoración
queda librada a las consideraciones amplias del Magistrado y del Fiscal sobre pautas
poco claras y ni siquiera definidas y aceptadas con tal criterio por la ciencia penal y
procesal penal, lo que refuerza aún más su carácter inconstitucional incluso por alterar
el principio de legalidad tipificativa penal. Bien lo señala Sosa Arditti (ob. cit. p. 51/52),
cuando expresa qué es la insignificancia, aludiendo a la mayor entidad o no de un delito
ejemplificando con el caso de la moneda única que tiene la anciana para concurrir al