N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
administrativo –art. 5- .
De lo contrario se llegaría al
absurdo de obligar al administrado a
presentar la acción judicial, aún antes
de resuelta la reclamación
administrativa, ya sea en forma
expresa o en forma tácita, con el solo
propósito de interrumpir el término de
la prescripción y con el inevitable
destino de su rechazo formal.
Ello conduce a una solución que
además de incongruente dentro del
ordenamiento jurídico administrativo
local, resulta irrazonable.
En este sentido se han expedido
autores como Bielsa quien sostiene
que "la reclamación administrativa
formal, aunque la ley no le atribuye
expresamente efecto interruptivo de la
prescripción, debe tener ese efecto,
porque la reclamación es expresión
inequívoca del propósito de demandar
luego en vía contenciosa, si la ley
dispone que previo a toda demanda
debe reclamarse ante la
Administración Pública" (LL.87-725)
(En idéntico sentido Escola, Héctor J.
"Tratado general del procedimiento
administrativo", Depalma, Bs. As.,
1973, pág. 399; Moisset de Espanés,
Luis "Interrupción de la prescripción"
L.L. 1991-A-934; Trigo Represas,
Félix "Tratado de la responsabilidad
civil", T. IV, p 591).
Asimismo la Corte Suprema ha
afirmado que el plazo de la
prescripción liberatoria comienza a
computarse a partir del momento en
que puede ser ejercida la protección
jurídicamente demandable (Fallos
308-1101; 320-2539).
En esta misma idea se funda el
adagio "agüere non valenti non currit
praescriptio" (contra el que no puede
ejercer válidamente la acción, no corre
la prescripción).
De tal manera y mientras tramita
el procedimiento administrativo
iniciado a requerimiento del
interesado, se interrumpe el plazo de
la prescripción.
Adicionalmente, no puede
omitirse que la solución ofrece
importantes ventajas tanto para el
particular como para el Estado desde
que puede evitar la litigiosidad
innecesaria y con ello encontrarse ante
la eventualidad de tener que sufragar
costos que en definitiva soporta toda
la sociedad en su conjunto. De otra
parte, la cuestión trasciende el aspecto
puramente económico, pues tanto la
búsqueda de la verdad material como
la defensa en juicio se encuentran
especialmente involucradas.
No debe olvidarse que la
Administración está obligada a
responder las peticiones y obtener su
resolución, por ser un derecho
reconocido en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, sin perjuicio de