N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
el planteo de prescripción recibió esta
respuesta.
B) La legislación local.
La legislación mendocina no
posee una norma como la del art. 1
inc. e) ap. 9 de la LPA Nacional. Por
ello no es necesario adentrarnos en la
distinción entre efectos interruptivos o
suspensivos de la prescripción de las
acciones que han contemplado tanto el
Código Procesal (Ley 3918), en su art.
19, y el Estatuto del Empleado
Público (Dec. 560/73 Ley 6502) en su
art. 38 bis.
La legislación local no ha
previsto la suspensión del curso de la
prescripción, sólo prevé la
interrupción del plazo en el caso de
interposición del recurso
administrativo, en términos parecidos
a los de la ley nacional.
La jurisprudencia de este
Tribunal, que ha reconocido igual
efecto al reclamo administrativo
previo cuando éste es necesario para
iniciar la acción (doctrina del caso
"Nugué"), ha coincidido con Liliana
Graciela Fleksers (comentario a fallo
en L.L., 1994-B p. 33) quien afirma
que "cuando el Estado es deudor de
obligaciones, la articulación del
reclamo –además de constituirlo en
mora- es un presupuesto procesal para
residenciar la demanda judicial
posterior, se trate de la administración
central, como de la descentralizada.
Su interposición, interrumpe la
prescripción".
C) La jurisprudencia de la Corte
Suprema de la Nación.
En un precedente, la Corte
Suprema, fundándose en el dictamen
del Procurador General de la Nación,
acepta su opinión acerca del "grave
error de derecho en que incurre la
sentencia, cuando afirma que no son
idóneos para interrumpir el curso de la
prescripción los reclamos
administrativos no exigidos por la ley,
como en el supuesto de autos, cuando
el dec-ley 5975/63 así lo requiere"
(CS, marzo 13 de 2001, "Pecile,
Jacinto José", E.D., 193, p. 115).
Más adelante, en fallo unánime
de la totalidad de sus miembros (año
1997), ha convalidado el efecto
interruptivo del plazo de prescripción
del recurso administrativo en el caso
"Wiater" (Fallos, 320-2289) donde
afirma: "el reclamo administrativo
deducido ante el Ministerio de
Economía en fecha no especificada
del año 1976, posterior al golpe
militar, carece de efecto interruptivo
(art. 1°, inc. e, apart. 7, de la ley
19.549) o suspensivo (art. 1°, inc. e,
apart. 9, parte final de la ley citada)
del curso de la prescripción. Ello es
así, en primer lugar, porque no media
coherencia entre lo solicitado ante la
autoridad administrativa (derogación
del decreto 1464/73 –ver fs. 9-) y lo