N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 39
6784/43. “Una norma justa”, en La
Revista del Foro de Cuyo, nº
64-2004-47).
El prestigioso Superior Tribunal
de Córdoba se encuentra dividido.
Mientras la minoría entiende que la
norma es inconstitucional (Andruet y
Blanc), la mayoría la estima
constitucional (Tarditti, Sesín, Cafure
y Lafranconi). Sin embargo, en la
práctica, al resolver los casos,
normalmente llegan al mismo
resultado, pues la mayoría afirma que
la inembargabilidad no puede ser
invocada en un juicio ejecutivo donde
no ha mediado oposición del
empleado y ha recaído sentencia
firme; o sea, extiende la excepción de
la norma (referida a la sentencia firme
en el juicio ordinario) a la sentencia
firme del juicio ejecutivo ( Ver
decisión del 15/9/2004, La Ley
Córdoba 2004-1129, con nota
aprobatoria del voto minoritario de
Junyent Bas, Francisco y Lalliya,
Sandra, “Inembargabilidad de los
sueldos de los empleados públicos. A
propósito de los recientes fallos del
Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba”, y en Foro de Córdoba nº
94, 2004, pág. 133, con nota
aprobatoria de la minoría de León
Tinti, Pedro, “La dudosa dignidad del
incumplimiento”).
2. En esta línea, que ve la
normativa con malos ojos, debe
ubicarse la corriente que arrincona la
categoría de los sujetos beneficiados,
como un grupo cerrado, que debe ser
interpretado restrictivamente. Así,
dado que la norma se refiere a los
empleados de la Administración, se ha
declarado que no están amparados los
empleados del Poder Legislativo
(Cám. Nac. Com. sala B, 13/12/2004,
Doc. Jud. 2005-1-1041), los del Poder
Judicial (Voto mayoritario de la Cám.
Nac. Com. sala E, 3/12/2002, Doc.
Jud. 2003-2-193 y en JA 2003-I-583;
conf. Cám. Apel de Trenque Lauquen,
17/7/2003, ED 205-165), los del
Banco de la Nación Argentina (Cám.
Nac. de Com. sala E, 10/2/2003, LL
2003-E-189); los de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas
perteneciente al Ministerio Público de
la Nación (Cám. Nac. Com. Sala B,
30/6/1999, JA 2000-III-605).
La misma interpretación
restrictiva ha servido para declarar
que el decreto es inaplicable a la
ejecución de un acuerdo arribado en el
proceso de mediación (Cám. Nac.
Com sala C, 16/5/2003, LL
2003-D-939 y JA 2003-IV-542).
3. No obstante, la opinión en pro
de la constitucionalidad también ha
recibido apoyo (Ver Cám. Nac. Com.
sala A, 15/5/2002, Doc. Jud.
2002-2-773; voto mayoritario de la