N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 219
Procurador General de la Nación, donde le hace notar a la Corte su expresa
disconformidad con la apelación interpuesta.
El artículo 50 del mencionado decreto señala como incorporación al
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación del art. 195 bis, el que en su
primera parte dice: “Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o
indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de
actividades esenciales de entidades estatales, éstas podrán ocurrir directamente
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo su intervención”.
Demás está decir, que si bien dicho artículo es inconstitucional, pues
rompe el equilibrio de las partes en el proceso, en el caso “Smith” no fue deducida
la misma, por lo que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. consintió la validez
y vigencia del mismo al no plantear ningún remedio impugnatorio de dicho
decreto.
Por todo ello, el caso “Smith” adolece de graves errores de
procedibilidad que lo tornan nulo de nulidad absoluta. Jamás este caso debió
llegar a la Corte por carecer la entidad bancaria privada de capacidad procesal para
ello conforme al art. 50 del mencionado decreto y que correctamente se había
pronunciado el Procurador General de la Nación.
A pesar de este obstáculo de procedibilidad que lo tornan inválido por
el grueso error formal, al que se agrega el primero en el sentido de que jamás una
medida cautelar puede confundirse con el objeto de la demanda, analizaremos
cuáles son los argumentos de fondo que utilizó la Corte, procediendo a su
contestación.
ARGUMENTOS DEL FALLO SMITH
Considerando 10º - ....”Si bien es cierto que acontecimientos extraordinarios
habilitan remedios extraordinarios, los mecanismos ideados para superar la
emergencia están sujetos a un límite y éste es su razonabilidad, con la consiguiente
imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de
los particulares. La limitación fijada por las sucesivas normas ya aludidas,
muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa
tendiente a conjurar el trance. Ello es así pues tal restricción implica una
violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce
el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su
patrimonio”.
Si bien la Corte reconoce que existen acontecimientos extraordinarios