N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 49
modo concreto, fehaciente y expreso
el daño que le ocasiona la norma, debe
rechazarse en todas sus partes la
demanda, con costas.
IV.- El Procurador General del
Tribunal repara en la falta de solidez
de los argumentos de la Empresa que
se dice lesionada por la ordenanza.
Considera que el municipio se ha
mantenido en la órbita de sus
facultades sin entrar en colisión con
las propias de la Provincia. La
normativa de la Ley de
Municipalidades que mencionan
quienes resisten la demanda es clara y
contundente y en manera alguna entra
en colisión con derechos
constitucionales de la quejosa.
Que no se vulnera ni el derecho
de propiedad ni los derechos
adquiridos de la empresa, ya que no
los posee frente a material de su
propiedad que perjudica a la
comunidad departamental, que debe
ser protegida por el municipio quien
resulta autónomo en el ámbito de su
territorio.
Que tampoco se encuentra
impedida la labor de fiscalización y
control del Epre y que frente al caso
concreto posee el reclamante el
derecho de ejercer las vías recursivas
para defenderse, por lo que el derecho
de defensa permanece incólume.
La reglamentación resistida no se
encuentra en pugna en forma directa
con derecho constitucional alguno de
la actora que deba ser resguardado,
por lo que corresponde rechazar la
demanda.
V.- A efectos de resolver la
presente acción, teniendo en cuenta la
norma que se impugna y el modo
como se ha trabado la litis, la cuestión
a resolver radica en determinar si la
Municipalidad de Luján de Cuyo
ostenta poder de policía para disponer
la aplicación de multas a la empresa
por el tendido de cables que se
encuentran en malas condiciones de
sostenimiento, fuera de uso o en lugar
no apropiado y la emplazan en treinta
días para que procedan al retiro de
cables en desuso y al
reacondicionamiento de los mismos.
El poder de policía municipal es de
origen constitucional, así el art. 200
de la Constitución Provincial enumera
entre las atribuciones inherentes a las
municipalidades tener a su cargo el
ornato y salubridad, los
establecimientos de beneficencia que
no estén a cargo de sociedades
particulares y la vialidad pública,
respetando las leyes sobre la materia
(inc. 3º); el dictado de todas las
ordenanzas y reglamentos dentro de
las atribuciones conferidas por la
Constitución y la Ley Orgánica de
Tribunales (inc. 6º). El art. 209