N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 243
derecho antes descriptos, se encuentran con una serie de interrogantes por resolver.
Las normas procesales que regulan el instituto referido estatuyen: 1º) Que la solución del
conflicto deberá acreditarse en forma sumaria (art. 26); 2º). Que podrá solicitarse (art.
28) durante la sustanciación de la causa y hasta la citación a juicio (art. 364). 3º) Que de
acordarse tendrá como efecto la suspensión de la persecución penal con respecto al autor
o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. 4º). Que el imputado podrá oponerse a tal
suspensión y solicitar que continúe el trámite de la causa, lo que ha de resultar relevante
para las consideraciones que ha seguido se han de realizar; y , 5º). Que si se produjera
la reiteración de un ilícito, el Fiscal de Instrucción podrá solicitar al Tribunal se deje sin
efecto la suspensión dispuesta. (art. 27).
1º). En cuanto al trámite sumario de acreditación del arreglo del conflicto, la norma no
determina formas para su deducción ni para resolver, llevando ello a que los Tribunales
acepten dos criterios: el de escritura y el de oralización.
El trámite escritural implica que la presentación se realice por medio de un escrito de las
partes interesadas, pudiendo ser rubricado conjuntamente por el Fiscal o bien ratificado
posteriormente por éste, acompañándose la prueba que acredite la solución del conflicto
o bien disponiendo las medidas útiles para su comprobación, para que después de ello se
resuelva por auto interlocutorio, siendo ésta la forma correcta ya que no se trata de una
resolución que cierre defintivamente el proceso, en cuyo caso correspondería dictar
sentencia (En tal sentido tramita y resuelve la Primera Cámara del Crimen, 2da. C.J.,
autos ya referidos n º14.476, "Fiscal c/Fernández Mónica Bibiana p/Estafa", del
8/5/2006). Para quienes implementa la forma oral, proceden diferente. La petición del
criterio de oportunidad se hace en forma oral por las partes interesadas y el Ministerio
Fiscal dejando constancia por acta judicial, en este último caso se advierten dos
variantes. La primera es la de realizar un acta de presentación conjunta del imputado, la
víctima y el Fiscal peticionando el instituto procesal para luego resolver por auto
interlocutorio. La segunda es la de realizar la misma acta previa, para luego realizar una
especie de debate oral al solo efecto de resolver acerca de la solución del conflicto,
labrando el acta respectiva y dictando, para resolver, una sentencia declarativa sin
fundamentos posteriores (4to. Juzgado Correcional, 1era. C.J., autos n ºP-13.187/05,
"Fiscal c/Molina Peralta Gustavo A…", 24/4/2006).
2º). Opinión fiscal. Legitimación: A tenor del art. 26 sólo el Ministerio Fiscal puede
solicitar su aplicación, lo que implica que puede hacerlo de oficio o a solicitud de parte.
De modo que si faltare su opinión vinculante el beneficio no puede proceder. Acerca de
este tema se ha resuelto que: "…no es posible aplicar el principio de oportunidad
solicitado por la defensa, porque como bien lo expresara el representante del Ministerio
Público, la solicitud de dicho principio es facultad exclusiva y excluyente del Ministerio
Público Fiscal. En autos, tal pedimento no ha sido efectuado por el Señor Agente Fiscal;
todo lo contrario el titular de la acción, ha impulsado debidamente la misma, citando la
causa a juicio, y ofreciendo prueba de cargo en contra del imputado, lo que difiere mucho