N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 53
se avisora transgresión a la garantía de
defensa en juicio ya que la misma
podrá ejercerse en cada caso concreto
mediante las vías recursivas y
defensas que considere pertinentes y
que le otorgan las normas legales
aplicables. Tal como lo destaca el
Procurador General en su dictamen, el
mencionado ejercicio no se ve
vulnerado por la falta de inclusión en
la ordenanza que repudia de algún
procedimiento específico al respecto.
Siguiendo tales lineamientos, en el
mismo sentido ha resuelto
recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación considerando
que un municipio tiene legitimidad
para dictar una norma que obliga a las
prestatarias de servicios con cables
aéreos a que se hagan instalaciones
subterráneas. Los jueces consideraron
que los municipios deben estar
investidos de la capacidad necesaria
que les permita fijar normas de buena
vecindad y moralidad y del poder de
preceptuar sanciones correccionales
para las infracciones de las mismas
(ver "Cablevisión S.A.
c/Municipalidad de Pilar s/Acción de
Amparo-medida cautelar", en especial
el Dictamen del Procurador General
Ricardo Bausset registrado en C.
2573. XXXVIII. C. 2330. XXXVIII
en la causa de referencia).
Por los argumentos expuestos la
Ordenanza nº 2627/02 emanada del
Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Luján de Cuyo no
se encuentra en pugna con los
principios constitucionales enunciados
por la empresa actora y no lesiona en
forma actual, directa o concreta
derecho de raigambre constitucional
que produzca lesión a sus intereses
individuales, por lo que corresponde
desestimar la acción deducida.
Asi voto.
Sobre la misma cuestión los
Dres. Llorente y Böhm adhieren por
los fundamentos al voto que antecede.
Sobre la segunda cuestión el
Dr. Salvini, dijo:
Corresponde omitir
pronunciamiento sobre el particular
puesto que se ha planteado para el
eventual caso de resolverse
afirmativamente la cuestión anterior.
Asi voto.
Sobre la misma cuestión los
Dres. Llorente y Böhm adhieren al
voto que antecede.
Sobre la tercera cuestión el Dr.
Salvini, dijo:
Atento como han sido votadas y
resueltas las cuestiones anteriores, las
costas del proceso se imponen a la
actora vencida (art. 36 del C.P.C.).
Conforme lo reclamado en el
escrito de demanda, la pretensión
ejercida carece de apreciación