N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

210
Jurisprudencia de Mendoza
LA POLICIA DE LA EMERGENCIA
La policía de la emergencia se refiere a la limitación de los derechos
individuales por la grave crisis que afecta a un sector de la sociedad o bien a la
propia sociedad en su conjunto.
La primera etapa, está signada por un escaso retraimiento de los derechos
individuales, pudiéndose restringir solamente por razones de moralidad,
salubridad y seguridad.
1º ETAPA: 1869-1922
El primer caso que la Corte resolvió fue en oportunidad de haber sido
atacada una ley de la provincia de Buenos Aires, que prohibía las corridas de
toros. En el caso, “Bonorino E., en representación de la Empresa Plaza de Toros”
F:7:150, año 1869, la Corte dijo: “la policía de las provincias está a cargo de sus
gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el
de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos”.
Este criterio se mantuvo en el caso “Saladeristas de Barracas”,F:31:273,
donde se impugnó una ley provincial de Buenos Aires que ordenaba la clausura
de sus establecimientos pues afectaba la salud de los vecinos, diciendo la Corte
que “la objeción que hoy se opone a la ley citada, de ser contraria a la Constitución
y a las leyes civiles, por cuanto atacan la propiedad y el ejercicio de una industria
lícita, no tiene fundamento legal alguno, porque según la Constitución esos
derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio y según nuestro
Código Civil, la propiedad está sujeta a las restricciones y limitaciones exigidas
por el interés público o por el interés privado, correspondiendo establecer la
primera al derecho administrativo solamente”.
2º ETAPA: 1922-1990.
Esta etapa está caracterizada por la ampliación de las restricciones en
interés de la sociedad, produciéndose un ensanchamiento en las limitaciones a los
derechos individuales.
A) Se trataba de la limitación a la libertad contractual. Se discutió la
constitucionalidad de la ley 11.157 de 1921, cuyo artículo 1º señalaba que “Desde
la promulgación de la presente ley, y durante dos años, no podrá cobrarse por la
locación de las casas, piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio
o industria en el territorio de la República, un precio mayor que el que se pagaba
por los mimos el 1º de enero de 1920".