N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 97
normas, y los de subsunción de los
hechos en las normas; en cualquiera
de las dos situaciones, la
interpretación y valoración final de los
hechos y de la prueba es privativa de
los jueces de grado (Ver, entre
muchos, LS 324-63).
También sostiene que la
procedencia formal del recurso de
casación exige atacar todos y cada uno
de los argumentos decisivos en los
que se funda la sentencia recurrida,
pues el hecho de que exista algún
razonamiento jurídicamente
equivocado no lleva inexorablemente
a que la sentencia deba ser casada, si
ésta se funda en otros razonables que
se mantienen en pie por no existir
agravios o queja contra ellos (Ver LS
261-383).
IV. La cuestión a resolver.
Esta Sala debe pronunciarse
sobre si es arbitraria, con el alcance
antes indicado, o normativamente
incorrecta, una sentencia que en
subsidio, y para el supuesto que el
demandado no tenga bienes
ejecutables, condena al Estado por
omisión en el ejercicio del poder de
policía, dados los siguientes hechos
no discutidos:
1. Con ocasión de un accidente
de tránsito, un automotor privado
impactó a un ciclista causándole
daños personales (incapacidad
sobreviniente y daño moral).
2. Al momento del accidente, el
automotor estaba registrado en la
Dirección de Transporte como
afectado al servicio “transporte
escolar”; esa autorización databa de
tres años atrás y tenía vigencia por
otros dos años.
3. En tres oportunidades la
autoridad administrativa informó al
tribunal que “Según los registros
obrantes en la oficina Seguros, no se
encuentran datos que permitan
corroborar si la unidad RAH-840 tenía
cobertura de seguros para fecha
21/10/1998" (fecha del accidente) y
que “Respecto a la compañía de
seguros que cubría la unidad dominio
RAH-840 para fecha 21/10/1998, no
obra en este departamento
presentación de seguro”.
4. El último informe agregó copia
de un recibo de una compañía
aseguradora emitido el 20/11/1998.
V. Los precedentes de esta Sala
en el ámbito de la responsabilidad
del Estado por omisión en el
ejercicio de su poder de policía.
En anteriores pronunciamientos,
esta Sala ha dado algunos
lineamientos básicos que presiden la
responsabilidad del Estado por
omisión (ver, entre otros, 18/10/1996
recaída in re Norton c/ Municipalidad
de Godoy Cruz p/ Ordinario, s/
Inconstitucionalidad, LS 267-496
publicada en LL 1997-B-92 y Voces