N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
justicia. En definitiva, es el juez quien, a más de estos casos, dispone el arresto
preventivo, luego de tomarle declaración al infractor, para mantenerlo detenido o dejarlo
en libertad (art. 145, CF). Es facultativo del juez decretar o prolongar el arresto
preventivo, si el procedimiento lo hubiere iniciado la autoridad policial. En caso de
disponerlo directamente la orden será siempre impartida por escrito, con indicación de
los datos identificadores y de la contravención atribuida (Prats Cardona). 5) Cuando el
contraventor no tiene domicilio conocido en la Provincia y hay motivos suficientes para
creer que eludirá la acción de la justicia: en este caso la policía podrá averiguar sus
antecedentes y si realmente carece de domicilio fijo en la Provincia podrá detenerlo, pero
siempre que haya motivos suficientes para presumir que el imputado tratará de eludir a
la justicia. En la gran mayoría de los casos, dependerá de la actitud del imputado (actos
u omisiones dirigidos en tal sentido en forma concreta) el inferir su intención de eludir
la acción de la justicia. Las sospechas a que se refiere la ley se deben entender como
actitudes y circunstancias que caracterizan al imputado, en su conducta frente al hecho
contravencional. La exteriorización será la causa que fundamente los propósitos tangibles
de su intención (Bonilla). Si bien la regla es la libertad, existirán motivos fundados,
conforme a la apreciación de los hechos, de que se intentará eludir la justicia cuando se
carezca de documentación que lo identifique, o falta de domicilio conocido o no
justifique el mismo, u otra circunstancia similar (dar excusas injustificadas, dar
respuestas contradictorias o evasivas, una oposición manifiesta o sobreentendida tratando
de inculpar a otros de su proceder, acusar o reprochar al agente policial por su
intervención, no concurrir a las citaciones policiales, presunta peligrosidad, carecer de
residencia, ser rebelde, tener condena anterior, etc.). Es decir, que la autoridad tendrá
sospechas fundadas no sólo por la carencia de domicilio conocido del imputado (pero esa
carencia de domicilio no debe ser sólo accidental), sino además, por ejemplo, por faltarle
la documentación que lo identifique, o por negarse a suministrar sus datos de identidad
o a mostrar el documento de identidad o su licencia de conducir, u ocultar el nombre
verdadero o evitar darlo o disimularlo, o de otros datos requeridos, o con identidad física
incierta, o negarse a dar otros datos, o dar informes falsos, mendaces o reticentes, o
comerciante que oculta mercaderías para evitar su interdicción, o una actitud manifiesta
de no acatar las órdenes policiales, o que advertido para detener su marcha huye para
impedir el procedimiento, o la falta de voluntad manifestada verbalmente o exteriorizada
en la actitud para acatar la orden de comparecencia, en fin, la oposición manifiesta o
sobreentendida, la indiferencia, el distanciamiento, la ausencia a las citaciones, los
pretextos sin fundamento o las excusas que no tienen justificativo y toda conducta que
denote alzamiento y que de algún modo autorice a sospechar fundadamente que,
verosímilmente, no cumplirá con la conminación a concurrir ante la justicia (Prats
Cardona); es decir, cualquier conducta que haga sospechar su actitud de evadirse, como
así también una presunta enfermedad que lo revelase peligroso para sí o para terceros
(Freijo). En estos casos, deberá tratarse, en fin, de una fuerte presunción de que con