N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
se trata de un punto regido por el derecho común y, por ende, ajeno a la
jurisdicción apelada de la Corte con fundamento en el art. 15 de la ley 48.
6º) En cuanto a la aplicación de la ley a contratos celebrados con anterioridad a su
sanción y que altera derechos adquiridos y por ende, afecta al principio de
inviolabilidad de la propiedad, dijo la Corte que en el juicio no se ha invocado la
existencia de contrato de cumplimiento exigible en el futuro, sino que se trata de
una locación verbal y sin término, no ingresando en el patrimonio del locador
ningún derecho que haya podido quedar afectado por la aplicación de la nueva ley.
B) El segundo caso en esta etapa fue Avico c/ De la Pesa, F:172:21 en 1934
cuando se declaró la constitucionalidad de la ley 11.741 sobre moratoria
hipotecaria por tres años y que durante ese plazo no podía exigirse un interés
mayor del 6%. Es decir, se resolvió que la prórroga de las obligaciones con
garantía hipotecaria y de los intereses convenidos, era un remedio legítimo,
proporcionado al fin público perseguido, consistente en evitar los efectos lesivos
que habrían sobrevenido si se hubiera ejecutado la inmensa cantidad de “créditos
hipotecarios que se hallaban en mora”, “con desastrosas consecuencias para la
economía general del país”.
El dictamen del Procurador General expresó:
1º) que “la cuestión que se plantea gira alrededor de la modificación que introduce
la ley cuestionada, en los contratos celebrados entre particulares, sosteniéndose
que el Congreso no puede alterar las convenciones privadas, que forman la ley que
las mismas partes se han dado”. Continuó el Procurador, que “el problema
jurídico consiste, en determinar si frente a la ley que las partes han creado para
regir sus obligaciones cesa el poder de legislación del Congreso, al que le estaría
vedado dictar disposiciones que modificarán esas obligaciones”.
2º) “Que si los poderes públicos debieran detenerse ante los intereses personales,
el Estado se vería privado de abordar la realización de las medidas de gobierno
que conceptuase útiles, absteniéndose de llevar un alivio a la comunidad para no
afectar los derechos adquiridos. Este supuesto no es sostenible en el momento
actual en que las circunstancias han impuesto la necesidad de crear restricciones
a la voluntad individual en lo que atañe al uso y disposición de los bienes cuando
se ha creído que con ello se comprometían intereses de orden general”.
3º) Una ley de moratoria no ataca la propiedad que se mantiene con todos sus
atributos y lo único que hace, es dilatar los medios de ejecución que están al
alcance del acreedor.
4º) Hizo mención a las restricciones que se toman en atención a los problemas