N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 215
6) Señaló que el concepto de orden público, aunque no fuese expresamente
declarado, sus finalidades que la motivaron basta para ser constitucional. Citó a
Ihering quien en su obra “El espíritu del Derecho Romano”, señala que “los
derechos adquiridos, no son derechos eternos y si el pasado garantizó aquellos
derechos de ningún modo podía permitirse que tuviesen una existencia perpetua”.
7) Sostuvo asimismo la Corte que “Da lo mismo que se trate de obligaciones
vencidas antes de la vigencia de la ley o después, porque como resulta de toda la
economía de ella y de su propia finalidad, en realidad no se trata de un plazo que
se prorrogue, sino de la suspensión del remedio legal constituido por el ejercicio
de acciones judiciales”.
C) El caso “Nordensthol” hace referencia a las leyes laborales en situaciones de
emergencia.
Dicho caso fue resuelto por la Corte en 1985, es decir con la vieja
integración de cinco miembros y allí se dijo que 1) “cabe reconocer la limitación
válida de los derechos individuales, y de las obligaciones nacidas de los contratos,
en situaciones de excepción o de emergencia, siempre que las restricciones
aludidas dejen a salvo la sustancia del derecho que se limita, ya que cualquiera sea
la gravedad de la situación a que respondan las leyes de excepción, no deja de
regir el límite puesto por el art. 28 de la Constitución, invocándose el voto de los
doctores Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte en Fallos:243:467. 2) Una convención
celebrada según la ley 14.250 puede ser modificada por otra ley posterior sin que
quepa en el sublite hablar de derechos adquiridos, porque éstos sólo son
invocables cuando se produce el hecho que les sirve de condición”.
3º ETAPA (1990-2001)
Esta etapa se caracteriza por el enseñoreo de la “razón de Estado”
motivada por el excesivo acrecentamiento de las facultades estatales en detrimento
de los derechos individuales.
El caso Videla Cuello constituye un caso típico de esta etapa siendo
resuelto el mismo día que “Peralta”. Los hechos se basaban en el pedido de
desafectación de fondos que realizó la provincia de La Rioja que había adherido
al régimen de suspensión de las ejecuciones por dos años previsto en la ley de
emergencia del Estado Nº 23.696.
1) “Cuando se configura una situación de grave perturbación
económica, social o política que representa máximo peligro para el
país, el Estado democrático tiene la potestad y aún el imperioso