N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 59
El Tribunal hizo lugar a la defensa de
prescripción por cuanto tuvo en
cuenta que la reclamación
administrativa llevada a cabo no era
exigida por la normativa vigente.
En un análisis prolijo de los
antecedentes, se destacó cómo
existían precedentes jurisprudenciales
donde se había atribuido carácter
interruptivo a la presentación del
reclamo administrativo aún cuando se
recuerda que la jurisprudencia de la
Corte Suprema "ha señalado que las
gestiones administrativas no
constituyen actos interruptivos de la
prescripción". No obstante se señaló
también que existían posturas
eclécticas "señalando que las
gestiones administrativas no tienen, en
general, efecto interruptivo de la
prescripción, salvo cuando ellas
constituyen requisito ineludible para
abrir la demanda judicial" (LA,
110-130).
Ése era –precisamente- el caso de
esos autos, no era necesaria la
interposición de los reclamos
administrativos, por ello no se aplica
esta última solución, pero se señala, a
su respecto, que "evidentemente, la
disposición del art. 3986, primera
parte, del C.C., sólo autoriza una
interpretación con la amplitud de estos
últimos precedentes citados".
2. El caso "Aguirre Medel" (L.S.
333-081).
Más adelante (22-12-2003), esta
Sala I, se pronunció en un caso donde,
interpuesta la defensa de prescripción
por la parte estatal, la discusión se
circunscribió al análisis de la defensa
en ese supuesto concreto en que se
había producido un fenómeno que no
se presenta en este caso, pues el
Ministerio de Gobierno, primero, y el
Gobernador, después, habían
reconocido la obligación de cancelar
los rubros reclamados por los actores.
Un pormenorizado análisis de las
posiciones doctrinarias y
jurisprudenciales de nuestra colega la
Dra. Aída R. Kemelmajer de Carlucci,
concluyó en que el reconocimiento del
Gobernador había interrumpido la
prescripción por ser quien representa
a la provincia, su manifestación había
sido concreta y evidente, y favorecía
la existencia del crédito.
3. El caso "Pellegrini, José
c/Municipalidad de la Ciudad de
Junín s/APA".
En este caso, refiriéndose al
reclamo presentado por un concejal
del mencionado Departamento, ha
resuelto la Sala II que "a tales
actuaciones administrativas
corresponde otorgarles la calidad de
actos interruptivos, en los términos
del art. 3986 del Código Civil" (LS
359-30 y antes en 354-31). Por otras
razones fue rechazada la acción pero