N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
doméstico como la sedición o la invasión interprovincial, la guerra civil -
calificadas como hostilidades interprovinciales del art. 127 CN-. En cambio, el
“ataque exterior” se confunde con el estado de guerra -previstas para la entrada y
salida de tropas extranjeras y nacionales como facultad congresional; la fijación
de las fuerzas de línea, la concertación de la paz, todo ello previsto por el art. 75
incs. 25, 27 y 28; art. 99 inc. 15-.
El estudio de estas emergencias lo realizaremos en otra oportunidad.
Nos avocaremos al estudio de las emergencias económicas.
Bien señala Dalla Vía que las emergencias en Argentina han sido las
emergencias bélicas, especialmente entre 1865 a 1930, corriéndose el fiel de la
balanza hacia el lado de las emergencias económicas (5).
FUNDAMENTO
El fundamento jurídico de la legislación de emergencia, señala Linares
Quintana en un trabajo publicado en el Boletín de la Biblioteca del Congreso
Nacional nº 51/52 de enero-abril de 1943 lo constituye el estado de necesidad el
cual es definido por Liszt como “una situación de peligro real de los intereses
protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio que la violación de los
intereses de otro, jurídicamente protegido”.
Bielsa, expresa que la Constitución y las leyes protegen a través de sus
declaraciones y garantías los atributos de la personalidad, su honor, etc., pero el
deber de asegurar bienestar general, la seguridad colectiva, es deber esencial del
Estado.
Este peligro colectivo afecta la existencia misma de elementos
constitutivos del Estado, por ej. La población, la colectividad en forma inmediata
y recién en forma mediata los intereses individuales. Contra ese peligro reacciona
el Estado a través de sus órganos, aún a falta de normas que autoricen la reacción
y sin necesidad de invocar derechos subjetivos, sino como obra el individuo
amenazado por un peligro en su persona o en sus bienes, si ese peligro es grave o
inminente (6).
Este estado de necesidad surge súbitamente, imprevistamente y con fuerza
de gravedad irresistible, imponiéndose como fuente del derecho, para señalar
diciendo que la misma libertad de contratar se restringe o se limita por
motivos de interés público como la ley 12.591 que estableció precios máximos
de venta al consumidor, facultando al P.E. la determinación de esos precios,
modificando los contratos de compraventa, locación de servicios, etc.