N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 241
b).- Solución del conflicto:
b 1). Concepto. Generalidades: El segundo de los denominados criterios de oportunidad
está constituido por la solución del conflicto, por el cual se faculta también al Ministerio
Fiscal a solicitar al Tribunal la suspensión total o parcial de la persecución penal. Se trata
del arreglo consensuado por la víctima y el agresor, con la comprobación y aceptación
del órgano estatal competente, de la perturbación de la norma de conducta jurídica
impuesta para el logro de la convivencia social pacífica.
Como ya se explicitara, al igual que en todos los casos de criterios de oportunidad, se ha
planteado su constitucionalidad o inconstitucionalidad a tenor del conflicto de este
artículo de la ley procesal con lo estatuído por el art. 71 del C.P., generándose las
diversas teorías ya individualizadas al respecto.
Respecto de su aplicación entonces en el caso concreto, según cual sea la postura
interpretativa que los distintos tribunales hayan adoptado, será la posibilidad de su
aplicación.
A poco de ahondar en la jurisprudencia que sobre el particular se ha vertido en los
tribunales provinciales en este corto tiempo de vigencia del C.P.P., se advierten múltiples
y disímiles formas de resolver al respecto por parte de los magistrados, pudiendo
sostenerse que atento a ello, se ha generado una verdadera desigualdad de trato procesal
que conlleva a la inseguridad jurídica, ya que la situación de derecho procesal del
imputado ha de depender de la suerte que le toque de tramitar su causa por ante uno u
otro tribunal.
En efecto, para quienes sostienen la inconstitucionalidad del art. 26 del C.P.P., lisa y
llanamente no será viable tal instituto y "beneficio procesal" para el endilgado.
Por el contrario, para quienes aceptan la constitucionalidad de la norma procesal
provincial, ya sea que declaren la inconstitucionalidad del art. 71 del C.P. y vigencia del
art. 26 del C.P.P., o sigan la teoría del complemento, o bien simplemente se limiten a
aplicar el art. 26 sin emitir opinión sobre la constitucionalidad, la solución del conflicto
podrá determinar la suspensión del proceso. A pesar de ello, la jurisprudencia sobre el
tema no es homogénea, advirtiéndose, en primer lugar, diferentes criterios de
interpretación respecto del trámite para su aplicación; y en segundo lugar, disímiles
criterios en cuanto sus efectos y resolución definitiva, derivado ello del hecho que la
norma procesal es asistemática y deficitaria, si se valora y confronta con el plexo
normativo del C.P., los principios generales del derecho constitucional y penal y con la
doctrina y jurisprudencia mayoritaria a nivel nacional en cuanto a tales principios; pero
también de la falta de la debida armonía y racionalidad de los fallos en la consideración
de tales parámetros.
b 2). Inconstitucionalidad: No obstante, entiendo necesario señalar en esta instancia, mi
posición en cuanto a que consideró inconstitucional también la aplicación del criterio de
oportunidad de solución de conflicto, al igual que el del principio de insignificancia, no
en razón del debate ya aludido sobre la jerarquía de prelación de las leyes entre el art. 71