N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 111
por el constituyente de 1994, quien en la
misma norma, fijó como regla dirigida al
legislador que "Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a
las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren
las jurisdicciones locales". En función de
esta directiva constitucional, resulta claro
que el inciso 2 del art.6 de la LRT, en el
párrafo que nos ocupa, no regula una
"clara política" que contenga los
"presupuestos mínimos de protección" a
la salud de un trabajador, como es el caso
que nos ocupa en donde el accionante
denuncia que porta una enfermedad por
daños derivados del trabajo, pero que
carece de la más mínima protección, al
no estar la enfermedad adquirida o
agravada por el trabajo, incluida en
mentado "listado cerrado". Ello se
profundiza a poco que advirtamos que en
nuestro país existe otra asignatura
pendiente por parte del legislador, cual es
la reglamentación conforme a la
constitución, del art.14 bis de la
constitución nacional, en cuanto obliga
al Estado a otorgar "los beneficios de la
seguridad social" con "carácter de
integral e irrenunciable".
En consecuencia, tampoco se
cumple la directiva constitucional de que
"El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes" (art.14 bis
C.N.). En consecuencia, la reparación
que pretende el actor queda sin tutela
alguna, pese a los claros enunciados
normativos constitucionales dirigidos al
legislador, y que tienen fuerza vinculante
para todos los poderes constituidos. Si el
legislador hubiere definido o
conceptualizado qué debe entenderse por
"enfermedades profesionales" y que todos
los daños derivados del trabajo deben
estar cubiertos, habría fijado un
presupuesto mínimo, que junto al método
que le autoriza seguir al Ejecutivo para
efectuar la calificación de dichas
enfermedades (apartado 3 del art.40),
hubiera significado una "política clara"
con "texto escrito", cuyo contenido de
presupuestos mínimos, sería el límite
"objetivo" dado por la "ley marco", para
que el Poder Ejecutivo ejerza
legítimamente su competencia
reglamentaria, complementando,
interpretando o integrando la "ley marco".
Con la sola remisión al procedimiento
establecido en el apartado 3 del art.40 de
la LRT, para fijar el listado de las
enfermedades profesionales "teniendo en
cuenta la causa directa de la enfermedad
con las tareas cumplidas por el trabajador
y por las condiciones medioambientales
de trabajo", se está dando la posibilidad
de excluir del listado de "enfermedades
profesionales", a aquellas que han sido
ocasionadas por daños derivados del
trabajo, como las que padece el actor. En
tal sentido el dictamen de la Comisión de
Convenios A.C.D., 19/2, de la
Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T.), en el convenio 42,
recomendación 21, prohíbe imponer un
sistema "cerrado" donde no se permita
probar otras enfermedades que a pesar de
no estar en esa lista igualmente causen un
daño a un dependiente y se sostiene que