N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
tiene a su cargo velar por la
protección del ambiente y la seguridad
pública, quien por otra parte debe
intervenir necesariamente en todo
trámite en el que se encuentre
involucrada la materia energética
cumpliendo los objetivos antes
mencionados y protegiendo
adecuadamente los derechos de los
usuarios. (Art. 54 inc. t ley 6497).
Conforme lo expuesto, no
aparece vulnerado el principio de
supremacía constitucional que
garantiza el art. 31 de la Constitución
Nacional ya que la norma impugnada
no invade competencias ajenas, las
que se mantienen incólumes en toda
su extensión conforme surge de las
facultades de las que da cuenta el
informe agregado a fs. 228/254.
Tampoco se advierte menoscabo
alguno al régimen jurídico de los
bienes e instalaciones de Edemsa
afectados al servicio público de
distribución de energía eléctrica, los
que si bien se encuentran sometidos a
un régimen especial, de ninguna
manera, por la aplicación de la
ordenanza, se podría lograr la
paralización o suspensión del
respectivo servicio, ya que su único
objeto es la protección del
departamento para evitar posibles
daños que perjudiquen a la comunidad
que representan. Resultan apropiados
los términos de la accionada en su
resistencia al respecto y surge
evidente de las probanzas
acompañadas en autos, recepcionados
según constancias de fs. 222, respecto
a la necesaria intervención del
municipio en lo que refiere a la
actividad desplegada por Edemsa. Es
claro que debe solicitarse el permiso
en el municipio para el tendido de
cables y que éste es supervisado
verificándose el cumplimiento de las
normas de seguridad, ornato y
mantenimiento para luego poder ser
otorgado. Tal intervención, aceptada
por la hoy actora y trasladada en los
términos de la norma que impugna, no
vulnera su derecho de propiedad sino
que hace a su ejercicio legítimo y
tampoco violenta sus derechos
adquiridos los que no pueden
generarse por la presencia de material
de su propiedad que puede llegar a
perjudicar a la comunidad
departamental.
En cuanto a la violación de la
garantía del debido proceso tampoco
asiste razón al actor. Ello así desde
que más allá del aserto que contiene la
disposición legal impugnada en tanto
menciona determinadas empresas,
todas éstas prestan su servicio a través
de cables conductores por lo que la
materia objeto de la limitación es
común para ellas. Además, tampoco