N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 91
aplicable al caso, y confunde
celebración del contrato de seguro con
póliza vigente al día del hecho.
Argumenta del siguiente modo:
a) El precedente citado contempla
la situación del peatón y se refiere a
una reiterada omisión de controles; es
decir, a varios controles omitidos y a
un ejercicio notoriamente deficiente,
situación completamente ajena a la
causa en la que no hubo ni siquiera
una sola norma incumplida. En el
caso, el Estado provincial no ha
violado ninguna norma y su actividad
de control fue correcta, con ajuste a la
normativa vigente y a sus
posibilidades materiales.
b) Resulta gravísimo que la
Provincia sea condenada por un
accidente de tránsito protagonizado
por terceros. Es gravísimo
conceptualmente por la manifiesta
ajenidad de la Provincia respecto de
las circunstancias de causalidad en
cuanto a la producción del hecho. El
Estado no puede responder en
aquellos casos en los que ningún bien
de su propiedad o de su guarda, o un
dependiente intervino en la
materialidad del hecho en forma
directa. La causalidad no puede ser
deducida, bajo el título de omisión de
controlar o supuestos subsumible en el
servicio a cargo del Estado. El
precedente es grave ya que al no
precisar con claros límites su
fundamento, cualquier persona que
tenga un accidente de tránsito en la
Provincia podrá demandar al Estado si
el otro participante del accidente no
tenía seguro para circular o bienes
para responder.
c) Se trata de hechos de terceros
por lo que la Provincia no tiene cómo
reunir elementos para defenderse,
dándose pie a una catarata industrial
de acciones, mayor a la actualmente
existente, en la llamada industria del
juicio de los accidentes de tránsito. El
Estado será garante, pero no por una
supuesta obligación de control
incumplida, sino por la decisión, a
veces compartida entre actores y
demandados, de que el demandado es
un insolvente. Todo esto es una
barbaridad.
d) La sentencia se aparta del
precedente de esta Corte en el llamado
caso “Torres”. Allí se dijo que el
Estado responde si existe una omisión
antijurídica; el ilícito omisivo no
puede responder a un principio
amplísimo, cual es el de no dañar;
esto no significa que se requiera una
omisión típica, a la manera del delito
penal; lo que se exige es que el Estado
se enfrente a una situación en la cual
está obligado a actuar, requiriéndose
tres requisitos: la existencia de un
interés normativamente relevante; la
necesidad material de actuar para
tutelar ese interés; la proporción entre