N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 25
comprobante de pago obrante a fs. 22
de autos.
Por lo que el tema a decidir en
esta instancia consiste en determinar
si resulta suficiente a los fines de la
acreditación del crédito, el acompañar
las correspondientes boletas de deudas
emitidas conforme las declaraciones
juradas obrantes en los soportes
magnéticos presentados por la
concursada, teniendo en cuenta que ni
la concursada ni la Sindicatura
rebaten la información contenida, sino
que simplemente afirman que no son
suficientes para acreditar la causa del
crédito.
Sabido es que tratándose de un
proceso de verificación y como tal de
un juicio de pleno conocimiento, la
carga de la prueba en esta instancia
juega como consecuencia de la carga
de invocar o pedir, puesto que quien
arguye, en este caso el Fisco, debe
demostrar sus argumentos (Cfme.:
“La Verificación de Créditos Fiscales:
Algunos Aspectos Controvertidos”,
Flavia Melzi y Guillermo H.
Fernández en Doctrina Societaria y
Concursal Nº 154 setiembre del
2000).
En este sentido se ha afirmado
que alcanza a todos los acreedores, la
carga impuesta por el art. 33 de la ley
19.551 (32 L. 24.522), de entregar al
síndico la documentación justificativa
de sus créditos dentro del término
legal, no quedando excluida de tal
regla la DGI , y que el derecho de
verificar deviene de la existencia de
una obligación. El acto verificatorio
no crea título sino que lo reconoce
(Vicente Orue S.A s/quiebra
C.N.Com. Sala C 25/6/1987; D.G.R
Provincia de Bs. As. c/ Ceralcos
SMC., C Apel. CCJunín 27/2/1985).
Tal exigencia surge precisamente
porque el resto de los acreedores
concursales, no puede conocer los
orígenes de las pretensas acreencias
fiscales y en cambio el Fisco, sí las
conoce.
La cuestión relativa a la prueba
de los créditos fiscales y de la
seguridad social, ha sido objeto de
varios pronunciamientos de esta Sala.
Algunos merecen ser recordados.
A) En sentencia del 26/11/1990
recaída in re “Arroyo Grande SA s/
Quiebra” (L.S 217-463, publicado en
LL 1992-C-23, con nota aprobatoria
de Martorell, E. E., “Sobre la causa de
los títulos ejecutivos en la verificación
de créditos”), esta Sala distinguió los
créditos de la Caja de Subsidios, de
los créditos de la Dirección General
Impositiva. Dijo entonces que el ente
recaudador de impuestos puede pedir
insinuación en el pasivo por diferentes
créditos fiscales (IVA, ganancias
eventuales, sellos, etc.); por eso, al