N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
por más exhaustivo que fuera el listado
resulta imposible abarcar todas las
dolencias. Al margen de este dictamen, lo
cierto es que en el listado vigente, no
figuran las enfermedades que denuncia el
actor, por lo que su exclusión es cierta,
objetiva y demostrativa de que el
dispositivo examinado, no capta todo el
universo de los "daños derivados del
trabajo". Además, a estar al propio
contexto de la LRT, sólo se tutela y
reparan las "enfermedades profesionales"
que figuren en el listado y no a otras,
porque lo que también quedan excluidas
las enfermedades laborales "no
profesionales", concausadas por las
condiciones y ambiente de trabajo y, esas
imprevisiones del legislador, deja a los
trabajadores que las padezcan sin
posibilidad de reclamar reparación
alguna. Estas lagunas de la LRT,
tampoco pueden ser subsanadas por el
Ejecutivo ya que la LRT no lo habilita.
Como consecuencia de ello, casos
como el de autos, quedan sin cobertura
dentro del régimen -mal llamado sistemade
la LRT, lo que demuestra que hay
algunos iguales (dentro del régimen) más
iguales que otros (que reclaman un
sistema), en el ejercicio del derecho
fundamental de "protección a la salud" y
del "trabajo en sus diversas formas".
Es por ello que la norma que nos
ocupa, hace una delegación que ya no es
"impropia", sino inconstitucional, al
delegar funciones legisferante sin la
habilitación normativa específica que
tutele al trabajador, poniendo en
resguardo la reparación de todos los
daños derivados del trabajo, que le
provoquen una incapacidad permanente.
Ello se opone y es incompatible con el
enunciado normativo del art.16 de la
constitución nacional que establece que
"todos" los habitantes, son "iguales ante la
ley". En la LRT, no "todos" los
trabajadores que son víctimas de daños a
la salud derivados del trabajo, son iguales
ante la ley, ya que aquellos que no tienen
la suerte de tener incluidas en el listado
las enfermedades que portan y que le
producen una incapacidad parcial y
permanente, carecerán de tutela dentro del
contexto actual de la LRT.
Es por ello, que la exclusión del
actor del régimen de la LRT, resulta
irrazonable, ilegítimo e incompatible no
sólo con las normas constitucionales
citadas supra, sino también con la
decisión política fundamental del
legislador de la LRT, fijada como objetivo
esencial, cual es reparar los daños
derivados de enfermedades profesionales
(art.2, inc. "b" de la LRT). Ello ocurre, no
porque el régimen en sí mismo, resulte
bueno o malo -ello es ajeno a este control
de constitucionalidad-, sino porque la
norma en estudio no fija el límite objetivo
indicado supra, como principio directivo
de la reglamentación que debe
cumplimentar el Ejecutivo, a los fines de
que no manipule a su arbitrio la
calificación y el listado, bloqueando el
derecho a la reparación prevista en la ley,
que, se presume, ha sido sancionada para
todos los trabajadores. Como
consecuencia de ello, el actor queda sin
derecho a reclamar la reparación tarifada