N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 35
préstamo de $ 5.055. Montemar nunca
entregó ese dinero. Atrajo al deudor
por medio de emplazamientos y lo
llevó a firmar por ese monto. Estas
cuestiones no pueden ser debatidas en
un proceso ejecutivo por lo que la
razonabilidad del decreto adquiere una
formidable actualidad.
f) El planteo de la Cámara es
extremadamente parcial; mira una
sola cara de la realidad y atenúa las
grandes ventajas del actor que el
código le otorga en un juicio
ejecutivo. El juicio ejecutivo no
permite al demandado solicitar que se
analice la causa de la obligación; sus
defensas son restringidas; el actor
puede proceder a embargar dinero
antes de ser dictada la sentencia por lo
que el demandado puede pagar
durante mucho tiempo y, sin embargo,
acumular intereses como si no pagara
nada. Todo esto implica que no carece
de razonabilidad la limitación de
embargar sin previo juicio ordinario
ya que es el demandado quien ve
peligrar su derecho de propiedad al
trabarse embargo sobre haberes sin
que se sustancien sus defensas.
g) La Cámara también afirma que
el decreto perjudica al empleado
deudor en su acceso al crédito,
alejándolo como cliente del sistema
financiero. Nada más alejado de la
realidad. El Sr. Herrera ha sido
alejado del sistema financiero ya que
debe pagar toda su vida a Montemar.
El argumento de la Cámara implica
reconocer que el Estado no controla la
usura, no protege al más débil con el
fin de que no nos quedemos sin
crédito. El planteo es irrazonable.
Aceptar la usura es inmoral y apartan
a una persona del circuito financiero
que paga de por vida un solo crédito.
h) La resolución es arbitraria
porque omite tratar cuestiones
planteadas que llevarían luz a la
controversia.
i) La decisión recurrida viola el
derecho de propiedad del demandado.
Herrera recibió un préstamo de $ 500;
por medio de intimaciones y
refinanciaciones firmó un mutuo de $
5.000; sobre una ejecución de $ 4.534
pagó $ 7.200; sin embargo, la última
liquidación lo convierte en deudor de
$ 16.990 al 2003. No hay duda que es
deudor de por vida de la financiera.
2. Recurso de casación.
El recurrente denuncia falta de
correcta aplicación del decreto
6754/43 ratificado por ley 13.894.
Argumenta del siguiente modo:
a) El tribunal de alzada declaró la
inconstitucionalidad del decreto
6754/43, en abstracto, apartándose de
los hechos; el pronunciamiento de fs.
78/79 no hace mención a las
constancias de la causa.