N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 229
probabilidad eludirá, burlará o sorteará, la acción de la justicia. Todo ello está destinado
a evitar la discrecionalidad o arbitrariedad (Gutiérrez). Prats Cardona opina que si el
contraventor careciera de documentos de identidad personal en el momento, a su pedido
se le deberá facilitar el comunicarse con sus allegados y, si diera satisfacción a los datos
requeridos, quedará en libertad. Si quedara arrestado, también tendrá derecho a
comunicarlo a su familia. Si la llamada por teléfono fuera de larga distancia, la tarifa será
satisfecha en el acto por el imputado.
Establecido que el infractor se encuentra en alguna de las causales que el
artículo enumera, la policía deberá proceder a la detención del mismo, haciendo uso de
la fuerza pública con el fin de conducir el imputado a la seccional o, en su caso, ante el
juez, siempre en definitiva presumiendo que, en todos los casos, aquél eludirá la acción
de la justicia. Pero una vez aprehendida una persona, debe ser inmediatamente puesto en
conocimiento de ello el juez, a los efectos de determinar la continuidad o no de la medida
restrictiva de la libertad (Bujan y Cavaliere). Es decir que la autoridad deberá dar aviso
sin demora al juez. Se debe trabajar con premura y, de permitirlo la situación, la consulta
se realizará desde el mismo lugar de los hechos. Esa consulta que efectúa el funcionario
policial no es de carácter previo sobre el procedimiento que tiene que realizar, sino que
apunta simplemente a la confirmación o denegación de la medida precautoria ya
adoptada (Lapadú).
Por otra parte, no debe olvidarse que por la ley 6722, el personal policial
podrá limitar la libertad de las personas únicamente: a) En cumplimiento de orden
emanada de autoridad judicial competente; b) Cuando se tratare de alguno de los
supuestos prescriptos por el CPP o el CF aplicable al caso; c) Cuando fuere necesario
conocer la identidad y antecedentes de una persona, en razón de conductas,
circunstancias, conocimientos previos o actitudes que razonablemente induzcan a
sospechar que ha cometido un delito o está a punto de hacerlo, que se trata de un prófugo
de la justicia o representa un peligro real para otros y se negare a informar sobre su
identidad o a responder a otros requerimientos sobre sus circunstancias personales. Tales
privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial
competente y durarán el tiempo estrictamente necesario, el que no podrá exceder el
término de 12 horas. Finalizado este plazo, en todos los casos la persona detenida deberá
ser puesta en libertad o, cuando correspondiere, a disposición de la autoridad judicial
competente (art. 11). Cualquier privación de la libertad de las personas deberá practicarse
de forma que evite perjudicar al detenido en su integridad psicofísica, honor, dignidad
y patrimonio. Toda persona privada de su libertad deberá ser informada por el personal
policial responsable de su detención, inmediatamente y en forma que le fuere
comprensible, la razón concreta de la privación de su libertad, así como de los derechos
que le asisten: a) A guardar silencio y a no contestar las preguntas que se le formularen.
b) A no manifestarse contra sí mismo, y a no confesarse culpable. c) A efectuar una
llamada telefónica, a fin de informar del hecho de su detención y el lugar de custodia en