N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 235
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d).- Fundamento fáctico- jurídico. Razones de política criminal: Como señalaba Beling,
una de las cuestiones más trascendentes que se debaten en un sistema penal de
enjuiciamiento, es la de decidir si la autoridad encargada de la acusación, en los casos
en que la ley parece justificar la condena puede o pudiera quedar facultada para omitir
la persecución por no considerarla oportuna o conveniente por diversas razones("Derecho
Procesal Penal", Barcelona, 1943, p. 25), como por ejemplo: por tratar la causa de delitos
de escasa entidad (mínima non curat praetor), por razón de economía procesal, por falta
de interés social en la represión, por falta de fin real de resocialización del imputado o
por la inutilidad de la pena en general. Precisamente, Henkel señala que la pena se ha ido
sometiendo más y más, en el curso de un largo desarrollo, a la idea rectora de la
oportunidad ("Introducción a la filosofía del derecho" trad. Gimbernart Ordeig, Madrid,
1968, p. 541). Sobre este tópico, además, tal cual lo afirma Zipf, es un hecho indiscutido,
la existencia de un proceso de selección extraprocesal y procesal, bajo distintas formas
y momentos, de los comportamientos presuntamente delictivos que han de ser juzgados,
lo cual no siempre es controlable ("Kriminalpolitik", Eine Einführung in die Grundlagen,
Karlsruhe, 1973, Parág. 6.1, p.82 y sgtes.). Ese filtro opera a través de diversos factores,
como la denominada "cifra negra", constituída por el cúmulo de delitos que no llegan a
conocimiento de la autoridad por diversas causas (insignificancia, temor al proceso y
consecuencias ulteriores en delitos, por ejemplo, contra la integridad sexual, etc.,); o por
la selección en la persecución por evaluación de determinados estratos sociales,
produciéndose una mayor persecución en una clase social que en otra; o por la
consciente o inconsciente no disposición de medios para la investigación por parte de
las autoridades competentes de cierta franja de delitos. Pero también dentro del sistema
procesal penal tiene lugar una selección no reglada de casos por la imposibilidad material
de resolución de todos ellos o por desidia tribunalicia, ya sea mediante resoluciones de
archivo por ignorarse el autor (sin que se haya realizado una investigación responsable
para su determinación), por sobreseimiento por prescripción de la acción penal o
mediante el dictado del anterior instituto de Falta de Mérito y la correspondiente prórroga
extraordinaria (arts. 310 y 347 del C.P.P. Ley n º 1.908).
También es necesario señalar, que el propio legislador actúa con criterios de selección
en múltiples ocasiones, sin referirse a ellos con la denominación de "oportunidad",
cuando por ejemplo introduce la exigencia de la instancia privada para ciertos delitos,
o cuando da eficacia al perdón del ofendido, o cuando habilita la renuncia en los delitos
de acción privada, o la excusa absolutoria, etc.
Así pues, resulta que antes o luego de iniciarse el procedimiento penal se genera una
importante operación de depuración que, en numerosas ocasiones, actúa
desigualitariamente para con los ciudadanos, por lo que es mucho más adecuado
racionalizar legalmente los criterios de selección (principio de oportunidad).
e).- Principio de oportunidad vs. Principio de legalidad: El principio de legalidad niega