N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 203
de ser justicia.
Es que el factor tiempo en ciertos procesos judiciales adquiere elemental
importancia, sobre todo cuando los derechos discutidos en ellos son esenciales al ser
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humano. Sostiene Kielmanovich que el factor tiempo se constituye en una nota de
dramática importancia e insoslayable consideración en y para el proceso judicial, pues
la función jurisdiccional no se agota en la simple, nominal o abstracta declaración del
derecho en debate sino en su efectivo restablecimiento, teniendo en cuenta que una
decisión inoportuna o tardía equivale, las más de las veces, a la inexistencia del mismo,
del mismo modo que una resolución oportuna pero de imposible cumplimiento resulta
frustratoria de su reconocimiento . Esto se pone en evidencia cuando los derechos en
discusión se refieren a valores trascendentes al hombre que hacen a su propia dignidad,
como su vida, su integridad psicofísica, su intimidad, su libertad, etc. Esos son los bienes
que se ven afectados generalmente en los casos de violencia intrafamiliar.
Es públicamente conocido lo conmocionante y devastador que puede ser este
fenómeno para sus víctimas y cuáles son las secuelas -tanto psicológicas como físicasque
puede arrastrar cuando logra controlarse antes de terminar con la vida de alguno de
los involucrados (ya sea la víctima o el victimario). Es por eso que el juzgador y el
legislador no pueden desconocer la necesidad de crear vías alternativas desde lo
procedimental que permitan poner fin a estas situaciones en forma inmediata y expedita.
Los episodios de violencia suelen ser cada vez más graves pudiendo llegar a producir
lesiones irreparables.
Una valiosa guía, en este sentido, la propone la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza en cuanto ha entendido que las medidas de seguridad previstas en la ley de
violencia responden a las nuevas concepciones en la materia, que aconsejan más la
protección de la víctima que la sanción al agresor, pudiendo afirmarse que dicho
principio se constituye en rector para la adopción de toda medida tutelar.
De allí, pues que con relación a la prueba, el peticionante no se vea obligado a
demostrar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado con el alcance
con que se exige en las medidas precautorias. Es que la sospecha de la existencia de
malos tratos autoriza al juez al dictado de medidas urgentes, destinadas a poner fin a la
situación de riesgo denunciada.
En otras palabras, no puede exigirse al denunciante que acredite la verosimilitud
del derecho, el peligro en la demora y preste contracautela con el mismo rigor que se
exige para el caso de las medidas cautelares en el Derecho de Familia, y mucho menos
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Kielmanovich Jorge L., Medidas Cautelares, Edit.Rubinzal Culzoni, pág.14, año