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gobierno central ni en los gobiernos provinciales un plan de política sanitaria
que, después de estudiar los problemas, hubiera orientado las acciones hacia
una atención integral de la salud de la población en sus aspectos de protección,
promoción y reparación (…) han predominado las preocupaciones por la
medicina curativa y se han postergado o ignorado las acciones de medicina
preventiva y sanitaria” (Veronelli y Veronelli, 2004:556).
Basándose en estos informes, las autoridades nacionales procedieron a
transferir gran parte de los servicios a las provincias y municipios para
descentralizar las funciones administrativas y técnicas 34 . En lo concerniente a
los recursos, se estableció un régimen de subvención anual desde la Nación,
junto a un régimen de reducción gradual de ese aporte hasta su total
mantenimiento por la provincia o municipio (Iriart et al, 1994).
En una conferencia de prensa, a días de su designación, Noblía
manifestó su acuerdo con el rol normativo del Ministerio a su cargo, pero
aclaró: “…de ahí a transferir esos hospitales a provincias empobrecidas que ni
cuentan con los medios para mantenerlos, hay una gran diferencia”. Los
convenios firmados establecían que los aportes nacionales se reducirían
progresivamente, y para Noblía era “…evidente que muchas provincias nunca
llegarán a contar con los medios necesarios para costearlos” (Veronelli y
Veronelli, 2004:582) 35 .
El ministro, al igual que la mayoría de sus predecesores, creía necesario
que Salud Pública se ocupase de los condicionantes sociales y económicos del
estado de salud. Sostenía que “…el médico debe ser un auténtico trabajador
34 El Decreto 1.375 de de 1957 autorizó al Ministerio a convenir con las autoridades
provinciales y municipales la transferencia de los establecimientos asistenciales, habilitados y
por habilitar, “…que no estén aplicados a la materialización de los planes de grandes luchas
sanitarias que la Nación tiene a su cargo”. De los 1.772 hospitales existentes en el país en
1957, 230 dependían de la Nación, lo mismo que 204 de los 2.052 establecimientos de atención
ambulatoria. Hasta mayo de 1958 se firmaron convenios de transferencias con Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán; en total, se transfirieron 272 establecimientos.
35 En 1958, la Ley 14.475 dispuso el reintegro a la Nación de los servicios transferidos, pero en
1961 se resolvió, a través del Decreto 8.569, reiniciar el proceso de transferencias. Noblía
afirmaba su acuerdo con transferir los servicios, pero también su decisión de que antes había
que formar los recursos humanos capaces de hacerse cargo de los mismos.
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