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1973-, concretándose la descentralización administrativa de siete hospitales en
1988 y de otros doce en 1989. A nivel discursivo, observa Iriart (et al, 1994),
se definió conceptualmente a la descentralización como el instrumento capaz
de producir el aumento de poder, de autonomía decisoria y de control de los
recursos, de las responsabilidades y de las competencias de las comunidades
locales. Los objetivos que el gobierno radical declaraba perseguir con la
descentralización eran: propiciar la democratización de los procesos sociales,
aumentar la participación popular, reducir la injusticia social y promover el
desarrollo de las comunidades locales involucradas.
Tras el fracaso del SNIS impulsado durante el gobierno de Cámpora, y
en el marco del retorno a la institucionalidad democrática, a mediados de los
ochenta se avanzó en la propuesta de una nueva normativa para articular los
diferentes subsectores. Tras complejas disputas políticas, a fines de 1988 se
sancionaron las leyes 23.660 de Obras Sociales 77 y 23.661 de Sistema Nacional
de Seguro de Salud (SNSS).
El artículo primero de la Ley 23.661 declaraba como propósito
“…procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del
país [que se encontraran] sin cobertura médico-asistencial por carecer de tareas
remuneradas o beneficios previsionales”. Se preveía, para ello, que las
prestaciones fuesen otorgadas de acuerdo con las políticas nacionales de salud
(artículo veinticinco) y que se basaran en “…la estrategia de atención primaria
y descentralización operativa, promoviendo la libre elección por parte de los
beneficiarios, donde ello fuera posible” (artículo veinticinco).
Los primeros intentos de reforma sustancial del sector salud se
conocieron a comienzos de los noventa, en términos de reformas “de segunda
77 Estableció que las Obras Sociales debían destinar sus recursos en forma prioritaria a
prestaciones de salud, en un monto no menor al 80% de sus recursos brutos. Creó, además, el
Fondo Solidario de Redistribución (artículo veintidós), con el objetivo de otorgar subsidios
inversamente proporcionales a los ingresos promedio por beneficiario. Finalmente, instituyó,
en el ámbito del MSyAS, la Dirección Nacional de Obras Sociales (DINOS) como autoridad de
aplicación. Esta ley volvió a institucionalizar el sistema de obras sociales, reproduciendo las
disposiciones de la Ley 18.610/1970, otorgando su conducción a un nuevo organismo, la
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) que, según Belmartino (2005),
reprodujo la inoperancia regulatoria del INOS.
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