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trasmitirse entre generaciones y requiere más de una generación para ser
recuperada” (Plan Social, 1995:11 apud Grassi, 2003a:251). Propuso, además,
un “...enfoque sistémico y la determinación de asumir una política social
activa, con máxima interacción con las organizaciones sociales” (Plan Social,
1995:13 apud Grassi, 2003a:251). El plan definía cinco criterios que debían
seguirse en la ejecución de las políticas sociales del Estado: focalización;
integralidad; sustentabilidad; metas y control; fortalecimiento de la comunidad.
Paralelamente, se propusieron tecnologías de intervención que
mejorasen los elementos técnicos en el diseño, mapeo de la población-objetivo
y monitoreo de los programas. Para ello -y también con financiamiento del
BM- se creó, en 1995, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de
Programas Sociales (SIEMPRO), que produjo información sistematizada y
agregada a nivel nacional necesaria para el control, la información y la
identificación de las poblaciones-objetivo (Álvarez Leguizamón, 2006).
También se creó el Centro Nacional de Organizaciones de la
Comunidad (CENOC), encargado de desarrollar el registro de las
organizaciones comunitarias que participarían de la co-ejecución de la política
asistencial, colaborando con la impronta de descentralización administrativa y
participación social (Grassi, 2003a; Grassi, 2003c; Falappa y Andrenacci,
2009).
Los fundamentos de este último organismo reforzaban el peso asignado
a la responsabilización de los destinatarios de las intervenciones sociales: “El
gobierno nacional ha definido como política de Estado la creciente integración
entre gobierno, organizaciones de la comunidad y municipalidades en el
desarrollo de la política social (…) La Secretaría de Desarrollo Social ha
implementado una estructura destinada a la interacción con estas
organizaciones, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, de
manera de contar con una vía de comunicación permanente a través de la cual
puedan identificarse y apoyarse iniciativas conjuntas y articular las acciones
del Estado y la sociedad en el marco de una racionalidad que integre y
complemente los ámbitos público y privado” (CENOC, 1996:13 apud Grassi,
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