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asistencia técnica para el diseño e implementación de políticas sociales.
Su principal producto fue el Diagnóstico sobre Gasto Público Social
(GPS), que concluyó identificando cinco problemas principales: ineficiencia
del GPS (por excesiva centralización administrativa y falta de transparencia);
ausencia de planificación social (superposición de funciones, áreas, estructuras
y programas; falta de políticas sociales integrales y ausencia de participación
de los beneficiarios; inequidad (por ausencia de focalización); baja calidad de
los servicios sociales (por falta de actualización y capacitación de los recursos
humanos y carencia de sistemas de evaluación y monitoreo); y desinversión
social (Grassi, 2003a:247).
Grassi (2003a:247) reproduce las consideraciones de la Coordinadora
General del PRONATASS, acerca de los principios rectores de las propuestas
del organismo técnico: “[es] obligación [del Estado] sintetizar y articular las
„contradicciones de la sociedad civil‟ [no sostener] políticas surgidas de un
universalismo abstracto”; “el Estado nacional debe racionalizar su gasto
público, planificar y no administrar, focalizar correctamente a los beneficiarios
para definir programas compensatorios”; “el sector público debe elevar la
productividad y rentabilidad social [que es] mejorar la producción y
distribución con eficiencia, equidad y calidad de los bienes y servicios social y
nacionalmente necesarios”.
Dado que a fines de 1989 se habían derogado tanto la ley de creación
del PAN como el Bono Solidario, ese lugar fue ocupado por el Programa
Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO), que preveía -además de una
modalidad de prestación directa para la atención de necesidades alimentarias,
sanitarias y asistenciales- subsidios para cubrir necesidades habitacionales y/o
locativas de los sectores sociales definidos como “más carenciados”. El
POSOCO, tal como analiza Grassi (2003a; 2003b), se apoyó sobre los ejes
discursivos ya presentes en el PRONATASS, esto es, la necesidad de políticas
compensatorias para eliminar los desequilibrios sociales producidos en el
marco de las políticas de estabilización económica.
En 1991, el Decreto 667 redefinió la estructura organizativa del
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