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establecimientos filantrópicos cuyo número ha ido aumentando con el andar
del tiempo. Al asumir la dirección de la Asistencia Pública juzgué el momento
oportuno para procurar la centralización en una misma autoridad competente
de los hospitales y hospicios de la comuna, porque a juicio mío, debían
depender de una comisión de personas honorables e idóneas, pues en materia
hospitalaria no bastaba la distinción, la belleza, la alta posición social y los
sentimientos de caridad indiscutibles en las damas argentinas, para tornarlas
hábiles en la administración de establecimientos asistenciales esencialmente
técnicos, que requieren conocimientos que ellas no pueden tener”.
A lo que Pellegrini respondió: “…en nuestro país, donde la Sociedad de
Beneficencia figura como una entidad poderosísima, no será posible por ahora
realizar su desiderátum (…) no ha nacido aún el hombre público en este país
que se atreva a retirarle a dicha asociación la dirección de los nosocomios a su
cargo (…) la Sociedad de Beneficencia fundada por el gran Rivadavia es, a mi
ver, una fortaleza inexpugnable contra la cual tendrán que fracasar todas las
tentativas de acción” (Veronelli y Veronelli, 2004:300-301).
La naciente “cultura científica” reclamaba la intervención del Estado, a
través de medios tan diversos como la legislación represiva 19 y el suministro de
servicios públicos: “…control de la población urbana y políticas con objetivos
sanitaristas fueron las dos caras que mostró la medicina higienista, que a
comienzos del siglo XX se convertiría en una racionalidad política y un
modelo de gestión institucional para la sociedad” (Galeano, 2007:142).
El discurso higienista, observa Tenti Fanfani (1989), coloca la
19 La Ley 4.144 de 1902, conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, permitió la expulsión
de inmigrantes sin juicio previo y fue utilizada para reprimir la organización sindical de los
trabajadores, expulsando principalmente a anarquistas y socialistas. Su artículo primero
autorizaba al Poder Ejecutivo a ordenar la salida del país al ciudadano extranjero que hubiera
sido condenado o fuera perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos
comunes; mientras que el artículo segundo extendía la facultad para abarcar también a los
extranjeros cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público.
Finalmente, la ley disponía que el Poder Ejecutivo pudiera impedir la entrada al país a los
extranjeros cuyos antecedentes autorizaran a incluirlo en los casos mencionados. A ello se
sumó, ocho años más tarde, la Ley de Defensa Social, que controlaba el ingreso de
inmigrantes, prohibía toda propaganda anarquista y las reuniones políticas, llevando el castigo
hasta la pena de muerte por provocar desorden público, sabotaje, incitación a la huelga o
insulto a las autoridades nacionales.
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