Descargar Tesis - Facultad de Ciencia Política y Relaciones ...

cooperativa” (Página/12, 11 de febrero de 2010).
Una de las más extendidas intervenciones, que el MDS heredó del
MDSyMA, fue el Programa Familias para la Inclusión Social (PFIS). Tenía
como antecedente al PAGV, que desde 1996 llevaba adelante la Secretaría de
Desarrollo Social y que, a partir de 2001, se fue orientado a la transferencia de
ingresos a través del denominado Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH).
El PFIS estaba dirigido a familias en situación de pobreza con hijos
menores de 18 años a cargo (o discapacitados de cualquier edad), de los
aglomerados urbanos definidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
y con base a los estudios realizados por el SIEMPRO 73 . El principal
componente del programa, los ingresos no remunerativos, se canalizaban a
través de una transferencia en cabeza de la mujer de la familia, condicionado a
la demostración de la concurrencia a la escuela de los niños a cargo y de los
controles prenatales en el caso de las embarazadas.
A este universo se agregaron, desde 2005, los beneficiarios del PJJHD
que aceptaron traspasarse. El Decreto 1506/2004 estableció una clara
demarcación entre “empleables” e “inempleables” para disponer que quienes
tuvieran posibilidades de empleo continuarían percibiendo el ingreso a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que aquellos
que no tuvieran esa chance se incorporarían a otros programas dependientes del
MDS: “…debe promoverse una verdadera cultura del trabajo entre aquellos
beneficiarios con condiciones de empleabilidad, promoviendo su inserción o
reinserción laboral” (Decreto 1506/2004); los definidos como “inempleables”
se incorporarían “…a los programas destinados a la atención de grupos
73 El FIS se focalizaba en las familias, identificadas a través del SISFAM, de los aglomerados
urbanos relevados por la EPH. Esta modalidad de relevamiento presentaba dos grandes
inconvenientes. Por un lado, en varias localidades el relevamiento estuvo a cargo de
voluntarios de las organizaciones sociales que ejecutaban componentes del PAGV; y en
muchas otras estuvo a cargo de estudiantes universitarios de los primeros años de formación.
Además, la información fue recogida en una sola ronda temporal y no hubo nuevos operativos
para detectar errores o ajustar la cantidad de “casos” identificados por localidad. Es probable,
entonces, que no todas las familias con situaciones equivalentes de pobreza de las mismas
localidades hayan sido incorporadas. Por otro lado, quedaba fuera del universo elegible a una
cantidad no desdeñable de localidades urbanas no relevadas por la EPH, sumado a la absoluta
exclusión de todas las familias rurales en situación de pobreza (Castro Rojas, 2010).
159