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MSyAS, creando la Secretaría de Desarrollo de la Persona, encargada de
intervenciones ante “emergencias sociales”. Se explicitaba que la
“revitalización del conjunto social” se realizaría a través del “…progresivo y
prudente traspaso de las responsabilidades del Estado hacia la comunidad,
conforme al principio de subsidiariedad” (Álvarez Leguizamón, 2006:100).
En 1993 se produjo una nueva reestructuración del MSyAS, dentro del
cual -vía Decreto 783- se reemplazó a la Secretaría de Desarrollo de la Persona
por la de Acción Social y de Promoción y Desarrollo Social.
Concomitantemente, se lanzó el Plan Social, basado en los diagnósticos
del PRONANTASS. Definía grupos de riesgo prioritarios y fijaba ejes sobre
los cuales se lanzaría una serie de programas sociales estratégicos
cogestionados por la Nación y las provincias, diseñados y financiados
conjuntamente por el Estado nacional y los organismos multilaterales de
crédito (Falappa y Andrenacci, 2009).
El plan se proponía, resume Grassi (2003a; 2003b): unificar los
programas sociales de las diferentes áreas y dependencias del Estado nacional
y de las partidas presupuestarias asignadas; lograr más efectividad y eficiencia
del gasto; descentralizar la gestión; lograr el compromiso de algunas
organizaciones de la sociedad civil con fuerte legitimidad social; centralizar el
monitoreo y la evaluación de los programas; focalizar en la población más
pobre y en los grupos más vulnerables (ancianos y niños).
La letra del Plan Social enfatizaba la necesidad de que participaran no
sólo las distintas instancias estatales sino también “…los sectores privados, el
voluntariado de los hospitales, de las cooperadoras escolares, las asociaciones
de solidaridad, las parroquias y entidades representativas de las colectividades,
las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento barriales y
vecinales, las cooperativas de todo tipo, las fundaciones privadas y
empresarias, los nuevos movimientos sociales” (Plan Social 1993 apud Grassi,
2003a:249) 65 .
65 Establecía, también, que las acciones serían coordinadas por un Gabinete Social Federal
encargado de controlar la calidad de la intervención social, e integrado por los ministerios de
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