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a la financiación de la salud pública y de la Administración Sanitaria: “El único
servicio público absurdamente gratuito es el servicio médico que presta el
Estado. Este servicio público se sostiene con fondos provenientes de rentas
generales, que doctrinariamente no han sido concebidas para financiar servicios
públicos. Por eso los servicios médicos llevan una vida precaria y son, en
general, técnicamente muy malos, hasta miserables; están mal financiados.
Debe hacerse efectivo el Fondo Nacional de Salud Pública, creado por las leyes
13.012 y 13.019 (…) La solución es crear un impuesto sanitario de tal modo
que el Fondo Nacional de Salud Pública se constituya indirectamente, no en el
momento de la prestación, porque esto sería impopular y porque el concepto de
„gratuidad‟ del servicio es ya en la Argentina una convicción y un hecho
político imposible de desarraigar (…) No hay política sin financiación. La
salud pública es una buena inversión; a larga, resulta un gran negocio para la
economía, como se ha demostrado con cifras concluyentes” (Veronelli y
Veronelli, 2004:502).
Convencido de que “la salud pública tiene un precio y todos debemos
pagarlo”, inicialmente el gobierno decidió que la Secretaría de Salud Pública
no tuviera límites presupuestarios. El primer ministro construyó hospitales e
institutos; también las dependencias burocráticas se reprodujeron. Pero tres
años más tarde, los recursos comenzaron a escasear y aparecieron los límites
presupuestarios que se habían creído inexistentes.
En 1952, por ejemplo, después del fallecimiento de Eva Perón, se
transfirió a la Secretaría de Salud Pública la terminación de los grandes
establecimientos hospitalarios, los “Policlínicos”, que la FEP tenía en el
aglomerado bonaerense. Algunas plantas físicas de establecimientos
hospitalarios quedaron terminadas, pero sin habilitarse; otras se inauguraron,
pero los muebles fueron, después de la inauguración, cargados nuevamente en
los vagones que los habían traído. No obstante, las 15.400 camas nacionales de
1946, se habían convertido, en 1951, en 27.350 (dentro de las cuales estaban
las tres mil otrora dependientes de la SB). También las provincias y algunas
municipalidades colaboraron con la construcción o ampliación de hospitales,
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