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propios trabajadores asalariados, estableciendo distintos programas para
diferentes grupos y preservando el diferencial de status del trabajo.
Dentro de esta misma noción de “híbrido”, los autores apuntan que otro
grupo de políticas sociales era financiado desde rentas generales y ofrecido
sobre bases universales, como educación y salud pública. Aquí, el espejo
principal habría sido el régimen social-demócrata, dada la pretensión de
extender los derechos más allá del estrecho terreno de las necesidades mínimas
y alcanzar un estándar promedio en la distribución de beneficios al conjunto de
la población. Finalmente, las políticas de vivienda y asistencia social fueron
organizadas como políticas focalizadas hacia población carenciada en el
otorgamiento de los beneficios.
La versión argentina del régimen de bienestar se fundó, según estos
autores, en dos “manos” combinadas: la “mano derecha”, una economía
política de sustitución de importaciones que implicaba transferencias del sector
exportador al sistema urbano-industrial, incluyendo cuasi-pleno empleo y
niveles salariales altos destinados a sostener la demanda efectiva a través del
consumo; y la “mano izquierda”, su política social.
Esta mano izquierda operó, según entienden, sobre tres lógicas. En
primer lugar, el sistema previsional, una parte importante del sistema de salud
y las asignaciones familiares, funcionaban como una suma de cuerpos
autónomos de seguro social, financiados por cotizaciones de trabajadores y
empleadores. Al mismo tiempo, la educación y la salud públicas se ofrecían
sobre bases universales y se financiaban por rentas generales. Por último, una
serie de políticas focalizadas de vivienda combinaba recursos provenientes de
cotizaciones y de subsidios públicos; mientras que la asistencia social operaba
sobre los casos de extrema pobreza.
Ahora bien, aunque sin dudas la noción de híbrido reportó un
importante esfuerzo por ofrecer mediaciones conceptuales que permitieran
pensar el régimen de bienestar argentino adaptando a la realidad de nuestro
país aquel modelo propuesto por Esping-Andersen, continúa analizando la
política social en términos sectoriales-institucionales. No obstante, es posible
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