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Emergencia 63 , que recayó en la órbita del MSyAS. En el discurso de
lanzamiento se argumentaba, entre otras cosas, la necesidad de “…trabajar sin
descanso en todas las áreas de gobierno, integrado al esfuerzo y la iniciativa
privada para superar definitivamente esta lamentable situación de emergencia
social. A tales efectos se ha abierto la cuenta Nº 2000/02 en el Banco de la
Nación Argentina para receptar los aportes y donaciones, siendo el presidente
Carlos Menem el primero en destinar íntegramente su sueldo con ese
propósito” (Diario Página 12, 10 de agosto de 1989 apud Grassi, 2003b).
El programa, destinado exclusivamente a “contribuir a la atención de
las necesidades alimentarias y mínimas del sector más postergado de la
población”, no repartía alimentos sino bonos canjeables por determinadas
mercaderías. Para recibir el bono, era necesaria una declaración jurada del
potencial beneficiario ante la Municipalidad, en la que declarara hallarse en
estado de necesidad alimentaria 64 (Golbert, 1996).
En la misma tónica, en 1992 se creó el Programa Federal de
Solidaridad (PROSOL), también a cargo del MSyAS, con las siguientes
directrices: enfoque integral; equilibrio entre asistencialismo y promoción;
fortalecimiento de las organizaciones de base; y focalización agregada
(Repetto, 2001).
Fue en esa época que entró en escena el Programa Nacional de
Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales
(PRONATASS) -que contó con créditos del BM y la asistencia técnica del
PNUD-, para cumplir funciones de evaluación, diagnóstico, capacitación y
63 El “Operativo Solidaridad” -antecedente inmediato del Bono Solidario- era, en realidad, una
convocatoria de la Fundación Acción para la Iniciativa Privada (AIP). La propuesta, comenta
Grassi (2003a; 2003b), consistía en un plan de ayuda por el cual los beneficiarios recibirían
una tarjeta plástica de identidad con la que podrían obtener semanalmente cupones o bonos a
ser utilizados como dinero en efectivo en almacenes, supermercados y farmacias. Además, la
idea del bono solidario y productivo reconocía antecedentes en un plan aplicado en EEUU a
comienzos de la década del sesenta, durante la presidencia de Kennedy, y en el plan de empleo
mínimo aplicado en Chile durante la dictadura militar de Pinochet.
64 Para su implementación, se creó el Consejo Nacional para la Emergencia Social, presidido
por el ministro de Salud y Acción Social e integrado por representantes del gobierno, de las
Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de la Confederación General del Trabajo y un
representante de las organizaciones empresarias de la industria y del comercio. El decreto
preveía la constitución de Consejos de Emergencia provinciales conformados de igual modo
que en el nivel nacional.
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