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Así, entre 1970 y 1977 se conformó un modelo pluralista de
planificación descentralizada (Katz, 1993), caracterizado por la consolidación
de las instituciones intermedias (del sistema de seguridad social, de las
federaciones de profesionales y de clínicas privadas, de las cámaras
empresarias de la industria farmacéutica), el rápido desarrollo del sector
privado 37 y la debilidad del sector público.
Durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, primaron dentro del
ámbito de la salud los componentes liberales y tecnocráticos, avalando el
desmantelamiento de los servicios estatales, y su traspaso a la actividad
privada. Privatizar significó que el principio de la responsabilidad colectiva
fuera reemplazado por el de la rentabilidad empresaria 38 (Belmartino, 1991).
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional acentuó las
medidas tendientes a disminuir la participación estatal en el gasto en salud, así
como en las restantes áreas sociales. Al respecto, Belmartino (1991) muestra
que el porcentaje destinado a salud dentro del presupuesto estatal bajó de un
6% en 1975 a un 2,5% en 1983, mientras los rubros de Defensa y Seguridad
absorbieron el 40% del gasto total del Estado 39 .
Entre 1976 y 1983 se desmantelaron y cerraron hospitales y centros
sanitarios, se derogó el SNIS y se desarticularon los programas nacionales.
Acorde con los lineamientos político-ideológicos de la dictadura militar, en las
políticas que sustentaban la descentralización primó la necesidad de disminuir
las cargas fiscales del Estado nacional. A partir de aquí, “…la tendencia es a
37 El sector privado fue aumentando su importancia, favorecido por la política económica
desarrollada entre 1977 y 1981: la sobre valuación de la moneda nacional, junto con la
reducción de las barreras arancelarias, constituyeron un importante incentivo para que los
prestadores importaran tecnología médica. Al desvalorizarse el trabajo intelectual y
privilegiarse la tecnología de diagnóstico y tratamiento, se arraigó un modelo prestador
orientado a la reparación de enfermedades y a las prestaciones de alta complejidad (Katz,
1993).
38 La Ley 18.610 fue derogada en 1978 y el marco legal de la política de seguridad social
sostenida por la dictadura militar estuvo dado por la Ley 22.105 de Asociaciones Profesionales
que, dentro de otras medidas dirigidas a mermar su poder, negaba a los sindicatos la
posibilidad de desarrollar o mantener servicios propios y estimulaba la transferencia de fondos
al sector privado (Iriart et al, 1994).
39 Repetto muestra la evolución negativa del Gasto Público Social durante el período 1975-
1982: -7.0 en Educación; -6.9 en Salud; -10.2 en Vivienda; y -13.5 en Otros Sectores Sociales,
que incluían Asistencia y Promoción Social, Deportes y Bienestar Social (2001:112).
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