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solicitudes, se responde que no se sabe a qué se le dijo que no, que de lo
único que hay registros es de los estudios efectivizados, o sea, de
aquellos que cumplían con los requisitos, pero no se puede saber si ese
es un porcentaje mayor o menor a la cantidad de demandas y qué pasó
con el resto de las situaciones (JCS).
En el marco de los requisitos exigidos por el FES, el profesional de
Trabajo Social es el encargado de sumar un argumento más a favor o en contra
del otorgamiento del subsidio y de la autorización de la práctica de un usuario,
por medio de la realización del informe social, que describe la situación
socioeconómica de la persona. El informe social constituye un requisito más
del expediente que certifica o niega las posibilidades económicas del usuario:
Si vos sos trabajador social y atendés a alguna persona con esta
cuestión, ya sabés que ese estudio no está cubierto. Llamás al CUF y te
piden que traigas el informe médico, el pedido, que nosotros después
los vamos a mandar a buscar unos presupuestos (…) en realidad lo que
pasa con el CUF es que, por lo menos en el caso mío, dentro de esta
evaluación de si puede cubrir o no, o si es paciente o no, yo hago las dos
cosas… si es paciente del centro de salud firmo y además hago un
informe de que no puede cubrir el costo del estudio (JCS).
En lo específicamente atinente al rol del Trabajo Social en el CUF, uno
de los entrevistados formula algunas interesantes preguntas y concluye con
afirmaciones taxativas:
¿Puede ser la certificación de la pobreza el objetivo principal de
la práctica del trabajador social? (…) ¿cómo recuperar el sentido
profesional de una práctica que tiende a reafirmar la exclusión, o
bien a ratificar la necesidad del otorgamiento de un subsidio
planteado como dádiva y no como derecho? (…) El Trabajo
Social en el CUF no acompaña los procesos de salud-enfermedad
de muchísimas personas, en tanto no se ocupa de quienes quedan
afuera de la red por no cumplir con los requisitos de residencia o
no contar con DNI; no facilita dichos procesos en tanto exige la
realización de interminables trámites burocráticos; y no parece
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en tanto
las prácticas de alta complejidad deberían ser costeadas por la
SSP sin que medie el otorgamiento de ningún subsidio, ni ninguna
acreditación de pobreza extra (SSP).
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