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nacional y/o a los gobiernos provinciales 55 .
Fiel a esta orientación, en 1991 el Congreso aprobó la Ley de
Convertibilidad Monetaria 56 . Si bien el programa trajo aparejada cierta
estabilidad, su contrapartida fue la caída de los salarios reales que, recuperados
del proceso inflacionario, iniciaron un descenso continuo. La disminución del
índice de pobreza fue un reflejo de la baja de la de inflación, acompañada por
un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la
riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso
intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano de obra
calificada y no calificada creció notablemente (Dobaño y Lewkowicz, 2005).
Tal como analiza Grassi, en los noventa no solamente se estabilizaron
los precios, sino que se profundizó la distribución desigual del ingreso,
empeoraron las condiciones del empleo y, consecuentemente, se estabilizaron
primero y empeoraron luego, los indicadores de la pobreza (2003a:90).
De la Rúa intentó llevar adelante algunas reformas que habían quedado
inconclusas en la administración anterior, como la reforma del sistema
jubilatorio 57 y la reforma laboral 58 , que profundizaba el proceso flexibilizador
55 Conteste con ello, el Capítulo XVIII, referido al empleo en la administración pública,
empresas y sociedades, congeló las contrataciones o designaciones de personal que importasen
incrementar el gasto por ese concepto, al tiempo que facultó al Poder Ejecutivo Nacional para
“…disponer en el ámbito del sector público medidas que aseguren eficiencia y productividad,
entre otras, las siguientes: a) participación de empleados, obreros y/o usuarios en el
seguimiento del desempeño de los establecimientos y entidades públicas a través de
mecanismos de información y consulta; b) participación de empleados, obreros y usuarios en la
gestión, las ganancias y la representación en los directorios de establecimientos de entidades
públicas; c) participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos
y entidades públicas, a través de cooperativas y Programas de Propiedad Participada” (artículo
cuarenta y tres).
56 En 1992, el plan recuperó el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y
fija con respecto al dólar. Al establecer la paridad entre el dólar y el peso, emitiendo sin
respaldo ante cualquier demanda de divisas, el Estado debió hacer una drástica reducción de
sus gastos. Para ello, resolvió desprenderse de todas las empresas estatales de servicios, a
través de un plan de privatizaciones que corrió parejo a una ola de despidos y transferencias de
personal, acrecentando la tendencia al crecimiento del desempleo.
57 En el año 2000 se dictó un decreto por el que se reemplazaba la Prestación Básica Universal
por una Prestación Suplementaria que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800
pesos. Por otra parte, para aquellos sectores que no estaban cubiertos, se instituyó el Beneficio
Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso ni dispusieran
de propiedades. Quienes accedieran a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del
PAMI. Además, se creó la Prestación Proporcional para mujeres mayores de 70 años que
tuvieran entre 10 y 29 años de aportes. Finalmente, se forzó a las Administradoras a comprar
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