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la Argentina abiertamente se inscribe en las directivas desarrollistas de los
organismos internacionales (…) y, por el otro, las dictaduras restringen y
cercenan parte de los derechos sociales adquiridos durante la gestión peronista”
(2008:103).
Luego de la llamada Revolución Libertadora, Lonardi fue rápidamente
reemplazado por las facciones más conservadoras, asumiendo el general
Aramburu la presidencia. Se intervino el Partido Peronista y la CGT, así como
la mayoría de los sindicatos; se prohibió el uso de símbolos peronistas, se
detuvo a muchos dirigentes políticos y gremiales y se anuló la Constitución de
1949.
Más tarde, Frondizi implementó un plan destinado a modernizar las
relaciones económicas nacionales e impulsar la investigación científica. En
1958 se promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras, que trajo como
consecuencia la radicación de capitales extranjeros -principalmente
norteamericanos- por más de quinientos millones de dólares, el noventa por
ciento de los cuales se concentró en las industrias químicas, petroquímicas,
metalúrgicas y de maquinarias eléctricas 33 .
Gracias a una coyuntura internacional favorable en el mercado mundial,
durante el gobierno de Illia la Argentina entró en un ciclo de recuperación, que
eliminó durante una década el déficit en la balanza comercial. Pero el
establishment reclamaba la apertura económica, la acumulación de capitales y
la racionalización del Estado: a los ojos militares y desarrollistas, el viejo
sistema de partidos era incapaz de asumir estas tareas, por lo que un nuevo
golpe de Estado, en 1966, llevó a Onganía a ocupar, de facto, la presidencia
33 Ante la creciente oposición de la clase obrera, Frondizi declaró primero el Estado de Sitio y
luego inauguró el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), por Decreto 9.880/1958.
Fue un programa represivo que habilitó a las Fuerzas Armadas para realizar allanamientos y
detenciones sin cumplir las normas constitucionales, reprimir las huelgas y protestas populares
y poner a los “activistas” bajo jurisdicción de los tribunales militares. El texto del Decreto
2.628/1960, obligaba a hacer efectiva la subordinación de las policías provinciales a las
Fuerzas Armadas, “…en la medida indispensable a las necesidades concretas de cada zona o
sub zona de defensa” (art. dos). En 1961, Frondizi dio por terminado el CONINTES, pero
manteniendo a los detenidos bajo el ámbito de los tribunales militares. En 1962 volvió a
declararse al país en estado CONINTES durante algunos meses. Este programa ha sido
considerado un antecedente inmediato de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que alcanzaría
su punto cúlmine con la dictadura militar de 1976.
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