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El discurso de presentación del plan -al igual que el de sus antecesores-
vinculaba pobreza, dependencia y carencia de trabajo como un supuesto
implícito del merecimiento de las acciones de promoción social que, en
adelante, debería acompañar la asistencia, ya fuera vía la participación de los
beneficiarios en el sostenimiento y continuidad de proyectos sociales, o vía
microemprendimientos productivos (Grassi, 2003a:249).
A un año del primer Plan Social, en enero de 1994, se creó una nueva
estructura de asistencia y promoción social del Estado en la órbita de la
Presidencia de la Nación: la Secretaría de Desarrollo Social. Los Considerando
del Decreto 227 declaraban como intención del Poder Ejecutivo Nacional
“…profundizar e incentivar las políticas y acciones dirigidas a promover y
asistir socialmente a la población, desarrollando en forma centralizada todos
los cometidos inherentes a la asistencia social, la vivienda y la tercera edad [así
como también] coordinar toda la política social del gobierno, con los objetivos
de no superponer acciones, ser más eficientes en su cumplimiento, impedir que
existan vacíos o falta de atención a la problemática social por no tener
centralizada su operatividad, realizar diagnósticos, relevamientos,
asignaciones, proyectos, evaluaciones y demás acciones en el área de política
social, en una forma integral, metódica, sistemática y permanente”.
Con esta creación, indica Grassi (2003b), la política de asistencia se
puso en la línea que marcaba el Ministerio de Economía, como “respuesta
Salud y Acción Social, Interior, Trabajo y Seguridad Social, Educación y la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación. La supuesta innovación radicaba en la propuesta de una Cuenta
Social Única en la que se deberían registrar los “…libramientos efectuadas por las diversas
jurisdicciones del Gabinete Social a fin de contar con un sistema permanente de monitoreo del
Gasto Social con recursos del Presupuesto Nacional. Tales libramientos deberán ser registrados
por la Secretaría de Hacienda según las Provincias y Programas Sociales a los que son
destinados, permitiendo de tal manera un seguimiento periódico del grado de cumplimiento
financiero de la ejecución de lo planificado” (Plan Social, 1993 apud Golbert, 1996). Destaca
Golbert (1996) que la propuesta de la Cuenta Social resultaba promisoria, teniendo en cuenta
uno de los principales déficits de los programas agrupados en el Plan Social era la falta de
control presupuestario. Otra serie de problemas que, según esta autora, el Plan Social no logró
resolver fueron: la multiplicidad, superposición y falta de coordinación de los programas; las
falencias de diseño de los programas, como ausencia de diagnósticos específicos sobre las
necesidades de la población destinataria, la inespecificidad de objetivos y la ambigüedad de los
criterios de selección de beneficiarios; la fragmentación institucional de la gestión de los
programas.
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