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ciudadanía se ubica por sobre el mérito (Castro Rojas, 2010).
Si se consideran las dos variables que, a criterio de Andrenacci (2010),
sirven para caracterizar los regímenes de bienestar latinoamericanos, se abre la
posibilidad de pensar con otras claves los efectos de la AUH y de
redimensionar los alcances innovadores que podría contener tal medida.
En cuanto a la inclusión problemática a través del mercado, la AUH
podría comprenderse como un esfuerzo de regulación estatal de la economía a
través de mecanismos de formalización del empleo, de generación de
empleabilidad y de regulación del comercio y del consumo favorables al sostén
o a la reducción del costo de vida. Por otro lado, con respecto a la
subordinación negativa por la política social, la generalización de las
transferencias condicionadas de ingreso representa un avance en forma de
reconocimiento de una suerte de derecho al consumo (Andrenacci, 2010).
No obstante, caben algunas advertencias, entre ellas, no caer en la
tentación de pensar que la masificación de este tipo de medidas pueda
asimilarse a su universalización, potencial o efectiva. Por otra parte, el
componente normalizador/disciplinario sigue indemne, en tanto un porcentaje
del beneficio se retiene y se entrega al finalizar el año con la condición sine
qua non de haberse cumplimentado los controles sanitarios y la escolarización
de los hijos. Por último, y en relación a las “condiciones”, urge preguntarse si
los servicios educativos y de salud podrán absorber esta nueva demanda de un
modo que no derive en una mayor precarización de las prestaciones.
Interesa destacar que en los propios Considerando del decreto se aclara
que “…esta medida por sí no puede garantizar la salida de la pobreza de sus
beneficiarios (…) una medida de tal naturaleza tiene, sin embargo, una
indudable relevancia en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los
sectores más postergados. No implica necesariamente el fin de la pobreza, pero
inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido
castigada por políticas económicas de corte neoliberal”.
En línea con la consigna defendida por la ministra de Desarrollo Social,
el mismo decreto subraya que “…la clave para una solución estructural del
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