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nombre lo indica y Salud Pública de la atención y prevención de enfermedades.
Esto podría dar lugar, entre otras cosas, a una profunda discusión en torno al
manejo -en el amplio sentido de la palabra- de recursos “asistenciales”, ya que
implicaría poner en discusión los criterios de acceso y, por ende, también los
de evaluación, más allá de los márgenes de cada dependencia.
Así, por ejemplo, podrían acordarse modalidades de evaluación de las
demandas de atención, que evitaran las dobles o triples instancias de
certificación: si los profesionales de Trabajo Social de los centros de salud, que
trabajan cotidianamente con los usuarios del servicio, consideraran necesario el
otorgamiento de un beneficio “asistencial”, no habría razón para que la misma
situación volviera a evaluarse luego.
Claro que esto no basta para desarticular los variados mecanismos de
certificación de la pobreza y comprobación del “mérito”, componentes
intrínsecos de la lógica asistencial que sería primordial poner en tela de juicio y
comenzar a desarmar, para lo cual no alcanza con maquillar la retórica
postulando la “integralidad de las políticas sociales”.
Sin embargo, aquél ejemplo sirve para mostrar que, antes que
“coordinar” acciones o “consensuar” una división de tareas, se trata, como
primera medida, de evitar la sobreintervención sobre una misma población y de
ahorrarle a las personas la exposición multiplicada de los retazos de una
biografía resquebrajada, parafraseando a Castel.
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