La democracia desde los márgenes - Clacso

La democracia desde los márgenes
Estos postulados son reiterados en la propuesta colectiva del Pacto de
Unidad de agosto de 2006, en la cual se aclara que “los usos y costumbres
tienen validez legal en todas las instancias judiciales” (Asamblea Nacional,
2006: 7). Por su parte, la fnmcb-bs exige la inclusión de las autoridades de
pueblos indígenas y originarios a los órganos judiciales (fnmcb-bs, 2006).
Las organizaciones del Norte de Potosí exigen, a la vez, que los juicios orales
sean realizados en las lenguas correspondientes a cada región y que la justicia
se base en el marco del respeto de los acuerdos internacionales y derechos
universales (fsuto-np, faoi-np, 2006: 10-11).
En las propuestas de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas
prevalece el sistema de justicia ordinaria aunque se reconoce cierto margen
para la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas.
podemos, por ejemplo, considera que “las autoridades originarias de los
pueblos indígenas podrán administrar justicia conforme a sus procedimientos
consuetudinarios […] siempre y cuando las partes en conflicto lo acepten”
(podemos, 2006: 50). En otro sentido, un plantea “incorporar autoridades
originarias en las instituciones que administran justicia” (un, s/d); mientras
que adn sostiene que la justicia comunitaria como medio alternativo de
solución de conflictos debe ser incluida en el capítulo del Poder Judicial y no
en el Régimen Agrario y Campesino (adn, 2006: 23). Algo más incisiva que las
anteriores, la propuesta de cn demanda que los sistemas de justicia de los
pueblos originarios e indígenas en su concepto, procedimiento y aplicación
sean integrados al sistema judicial del país (cn, s/d: 10). En esta misma línea,
la propuesta del mas reconoce abiertamente la institución de la justicia
comunitaria con la misma jerarquía que la justicia ordinaria (mas, 2007: 21).
Un segundo elemento está relacionado con la forma de selección de las
autoridades del Poder Judicial. Desde la perspectiva de las organizaciones
indígenas y los movimientos sociales, la designación de dichas autoridades
antes realizada desde el Poder Legislativo, debe pasar a la elección mediante
sufragio. Estas organizaciones indican que la designación desde instancias
del Legislativo está sujeta a influencias de los partidos políticos e intereses
de otro tipo. Así, la fsuto-np y la faoi-np consideran que los ministros de la
Corte Suprema, fiscal general y Tribunal Constitucional deben ser elegidos
por voto directo; en tanto que las autoridades que realizan justicia a nivel
regional y local, deben ser elegidos de forma directa y con base en usos y
costumbres (fsuto-np, faoi-np, 2006: 10-11).
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