La democracia desde los márgenes - Clacso

Movimientos sociales y nuevas formas de articulación de la política
para el gobierno resultaba estratégica para facilitar el cumplimiento de sus
objetivos por la vía de la presión social extra institucional.
Las movilizaciones y los cabildos de resistencia
Durante este proceso, los movimientos sociales conservadores
articulados alrededor de los comités cívicos y las prefecturas acudieron a una
serie de repertorios de movilización que tradicionalmente eran sólo utilizados
por las organizaciones populares como la huelga de hambre, los paros, los
bloqueos, inclusive, las tomas de instituciones o medidas de presión como el
cierre de válvulas de gas, entre otras.
Del mismo modo apoyaron movilizaciones de otros sectores afines como
las propiciadas en Sucre en defensa de la capitalía o la de los constituyentes de
oposición demandando los dos tercios de votos para la toma de las decisiones
en el marco de la Asamblea Constituyente. También en este marco extra
institucional, optaron por la realización de referéndums departamentales
(no reconocidos por la Corte Nacional Electoral) con recursos de los
gobiernos departamentales para la aprobación de estatutos departamentales
y la decisión de aplicar las autonomías de facto. No obstante, paralelamente
mantuvieron sus formas habituales de movilización como las declaraciones
en prensa y la realización de cabildos para refrendar ciertas decisiones y
otorgarles legitimidad social. El cabildo ha sido la fuerza movilizadora más
importante del movimiento cívico, en una ocasión –de acuerdo a la prensa–
logró congregar a un millón de personas demandando las autonomías.
El impacto de estas estrategias políticas logró situar a los movimientos
cívico/regionales como los principales factores de desestabilización del
gobierno y de polarización política, particularmente durante los tres primeros
años de gestión de gobierno.
Sin embargo, este tipo de acciones colectivas eran contradictorias con el
discurso enarbolado por estos actores como la defensa de la institucionalidad,
la legalidad y el Estado de Derecho. Así, la incongruencia entre sus acciones
estratégicas y discursos, el carácter violento que eventualmente asumieron,
las tensiones entre la oposición político partidaria y la cívica; por último,
el despojo del discurso autonomista por parte del gobierno provocaron el
debilitamiento de estos actores sociales y su consecuente desmoronamiento.
En muchos casos, los repertorios utilizados derivaron en
enfrentamientos con lamentables saldos humanos, como el caso del 11 de
enero de 2007 en Cochabamba o el 11 de septiembre del 2008 en Pando, entre
otros y provocando daños a los bienes del Estado, o el uso ilegal de recursos,
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