La democracia desde los márgenes - Clacso

La democracia boliviana y sus (re)significaciones
sindicato en el país (a partir de 1952), y luego, desde la década de los 90, con
la sobreposición del formato político municipal a las formas comunitarias.
Tal como menciona Jorge Komadina “en algunas situaciones ciertos
distritos urbanos tal vez en El Alto o sindicatos campesinos como en el Chapare
mezclan o involucran estas prácticas de democracia sindical por la vía de las
asambleas con la democracia representativa; primero eligen (autoridades o
representantes) en sus circunscripciones, en sus territorios y luego validan o
legitiman esta decisión previa a través de la democracia representativa, entonces
están surgiendo interfaces entre estas lógicas y estos códigos democráticos”
(Entrevista con Jorge Komadina 10/11/09).
En cuanto a la consulta previa, este mecanismo ya había sido introducido
en el marco jurídico nacional a través de la Ley 1257 de Reconocimiento del
Convenio 169 de la oit de 1991 y posteriormente en la Ley de Hidrocarburos del
2005, es concebido como el derecho de los pueblos indígenas de informarse y
participar en las decisiones respecto de programas y políticas que se pretenden
aplicar en sus territorios 10 . En la Constitución, esta figura jurídica está prevista
en los casos de explotación de recursos naturales renovables (Arts. 352 y 403)
pero no se establece de qué manera influirá la decisión que toma la comunidad,
nación o pueblo en las políticas públicas.
También se ha incorporado la revocatoria de mandato como un
mecanismo aplicable a “toda persona que ejerza un cargo electo” (excluyendo
a las autoridades del Órgano Judicial), un dispositivo democrático que si bien
fue aplicado de manera excepcional, y mediante una ley interpretativa, en
agosto de 2008, recién se encuentra legislado en la nueva Constitución (Art.
240) a partir de febrero del 2009.
La revocatoria es un mecanismo que puede favorecer a la democracia
pues implica, por un lado, una mayor participación del electorado en el
control y fiscalización a las autoridades elegidas por él mismo, y por otro,
favorece a la eficiencia y responsabilidad de dichas autoridades pues
tienden a volverse más observantes en el ejercicio de sus funciones; además
la norma ha establecido un conjunto de condiciones para evitar su uso
indiscriminado (Art. 240).
10 La consulta previa es un derecho fundamental, individual y colectivo de los grupos étnicos que
garantiza la participación y el acceso a la información sobre los programas y proyectos que se
piensan realizar en su territorio, con el objetivo de identificar los impactos positivos y negativos
que puedan ocasionarle a la comunidad. Por esto, la consulta previa es un mecanismo que busca
salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales
(Corte Constitucional, República de Colombia en www.mij.gov.co).
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