La democracia desde los márgenes - Clacso

Campos de conflicto
Al Estado centralista se le atribuyeron muchas críticas debido a la
ineficiencia en el manejo del aparato gubernamental y en la distribución de
recursos; en términos territoriales se reprodujo una estructura con ausencia
de Estado en regiones alejadas del centro del poder. Sólo en la década de los
90 se atacó la fuerte tradición centralista a través de la demanda de políticas
de descentralización perfiladas como vía de modernización del Estado
y de eficiencia. En ese sentido, se aprueba una Ley de Descentralización
que en realidad sólo logra la desconcentración de algunas atribuciones y
competencias dentro del formato del modelo centralista. No obstante, a raíz
de la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular (1994) se inicia
en Bolivia el proceso de descentralización municipal con la transferencia
de competencias políticas, administrativas y tributarias, desde entonces
gestionadas por los poderes locales.
La Ley de Participación Popular posibilitó la creación de 311
municipios con sus respectivos concejos deliberativos. Se asignó el
20% de los impuestos recaudados por el gobierno central además de
otras transferencias a través de fondos especiales. Dicha Ley también
transfirió nuevas competencias y jurisdicciones administrativas a los
gobiernos municipales como la construcción de escuelas y centros de
salud a las que se sumaron responsabilidades sobre servicios de salud y
educación. A partir de la descentralización de recursos y competencias,
se implementaron nuevas reglas institucionales para la participación a
través de Organizaciones Territoriales de Base (otb), cuyo control social
fue ejercido por Comités de Vigilancia (Colque y Cameron, 2010:191).
Los municipios con población predominantemente indígena adquirieron
formas complejas, en algunos casos, significó la desestructuración de las
prácticas locales y, en otros, la articulación más o menos conflictiva entre
las reglas de juego de la democracia de corte liberal fijadas desde el Estado
y las formas de organización política comunitarias. Sea como fuere, lo cierto
es que por la vía electoral muchos dirigentes indígenas lograron acceder a
las instancias de representación y gestión municipal, bajo el formato de la
democracia representativa (cf. Cap. 5).
Como vimos, aunque la lucha por la descentralización política es de
larga data, sobre todo desde el oriente del país, en los últimos años cobra
fuerza nuevamente como respuesta al pedido de los movimientos sociales
de Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. Así,
mientras en el occidente boliviano se discutía la implementación de la agenda
de octubre, el Comité pro Santa Cruz mediante movilizaciones y propuestas,
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