La democracia desde los márgenes - Clacso

Campos de conflicto
partir del sistema liberal de derechos políticos aún cuando existían otras
formas tradicionales de organización y decisión política. Aunque el derecho
a la educación y al voto universal fueron importantes avances, la tarea de
la revolución quedó inconclusa y el colonialismo interno siguió imperante
(Ticona, 2006), disolviendo en el mestizaje la diversidad social y cultural
boliviana, el mismo que operó como expresión imaginada de la nación, como
síntesis de la nacionalidad (Sanjinés, 2005).
Las pretensiones de homogenización social propugnadas por el
nacionalismo revolucionario continuaron bajo la égida de los gobiernos
posteriores. Sin embargo, la estructura monocultural, excluyente y racista del
Estado fue fuertemente interpelada por los movimientos étnicos desde finales de
la década de los años 60. Con un proyecto cultural y político propio, el movimiento
étnico aymara denominado katarismo (cuyo nombre alude al líder indio Tupac
Katari que se rebeló contra el poder colonial en 1781) definió su lucha contra
la asimilación cultural de los indígenas a una nacionalidad boliviana y, por el
contrario, propuso la diversidad cultural e identitaria, particularmente aymara,
en la construcción social boliviana. Su discurso se fundamentó en la explotación
y discriminación históricas hacia los indígenas, cuestionó el carácter inconcluso
de la Revolución del 52, y por último instituyó la autonomía organizativa y
fundó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(csutcb) en 1979, a la cabeza de Jenaro Flores Santos (Ticona, 2006:62).
La instauración del Estado de corte neoliberal a partir de 1985 supuso
la (re)afirmación de la exclusión social y cultural, aunque en términos
formales se aferró a una política multiculturalista. A la par de este giro
político se notó un proceso de movilizaciones ascendentes de los pueblos
indígenas de tierras bajas con un discurso relacionado con el territorio, el
uso y la propiedad de los recursos naturales (Balza en Bello, 2004:142). Se
conformó así la Central Indígena del Oriente Boliviano (cidob) y luego la
Asamblea del Pueblo Guaraní (apg), cuya movilización más importante
fue la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990, que culminó con la
exigencia de una Asamblea Constituyente y la incorporación de sus derechos
en la estructura del Estado boliviano. Ante la presión de la marcha, a la
que se adhirieron otros sectores sociales, el gobierno de Jaime Paz Zamora
emitió cuatro decretos referidos a la restitución legal de territorios indígenas.
Esta movilización étnica ocurría en un momento en el cual los organismos
internacionales demandaban políticas culturales “en orden a implementar
una serie de medidas en favor de los pueblos indígenas, como la ratificación
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