La democracia desde los márgenes - Clacso

Campos de conflicto
Ante la presión ejercida, el Congreso aprobó la petición de Santa Cruz que
se realizaría de manera concurrente con la elección de constituyentes el domingo
2 de julio de 2006, complaciendo a los cruceños en su demanda de otorgarle un
status legal a la demanda de las autonomías (Comité Cívico pro Santa Cruz,
2007: 49).
Los cabildos multitudinarios que logró convocar el Comité pro Santa
Cruz en ese departamento, lograron el posicionamiento y consolidación de la
propuesta de los Gobiernos Departamentales Autónomos en la agenda nacional.
Estos se llevaron a cabo el 22 de junio de 2004, el 28 de enero de 2005 y el tercer
cabildo que contó con la presencia de más de medio millón de ciudadanos fue
el 28 de junio de 2006, preludio de la victoria electoral en la consulta realizada el
2 de julio.
El proceso autonómico cruceño se convirtió en un núcleo de irradiación
hacia los departamentos de Beni y Pando que tradicionalmente han girado en
torno a la economía y el poder político cruceño. Asimismo, en estas tres regiones
existe una inusual concentración de la tierra en manos de una pequeña elite de
terratenientes que históricamente apoyó los proyectos políticos de la derecha
boliviana, particularmente de Acción Democrática Nacionalista (adn) y del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr). El caso de Tarija es particular y
su adhesión al proceso autonomista responde a la influencia de las elites locales,
al secular aislamiento geopolítico y económico de las regiones del sur de Bolivia
así como al enorme potencial hidrocarburífero que contiene dicha región y la
posibilidad de beneficiarse de los recursos.
Ahora bien, la elección de prefectos realizada de manera concurrente
con la elección presidencial en diciembre de 2005, amplió y profundizó el
proceso autonómico porque permitió a sus principales líderes ser investidos
con la autoridad y la legitimidad de los votos, desde entonces el protagonismo
fue asumido por los prefectos electos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. De
hecho, la aprobación de la nueva ley de Hidrocarburos, había beneficiado a los
departamentos productores, creando la base económica y financiera sobre la
cual se despliegan sus posibilidades políticas 21 (epri, 2008a: 17-22).
21 A partir del año 2005, se produjo un aumento significativo de los precios de los hidrocarburos a
nivel internacional así como una alta rentabilidad de las empresas petroleras, como resultado
del Referéndum sobre el destino del gas realizado el 2004, se estableció el Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (idh) con una alícuota del 32% a la producción, sancionado mediante la Ley
de Hidrocarburos Nº 3058, promulgada en mayo del 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa.
El 33% de dichos ingresos benefició a las prefecturas para fines de educación, salud, apoyo a la
producción, infraestructura caminera y electrificación rural. (Epri-cci, Intercambio, 2008a, No.
15: 30-35).
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