Marcando Territorio - Justicia Viva

el proceso de titulacion179nidades no lo tienen, no tienen tampoco el derecho. Desconocen así el reconocimientoconstitucional del derecho de los indígenas a sus tierras ancestrales, elcual no depende de un título, ya que éste sólo formaliza un derecho preexistentepero no lo crea. El año 2006, empero, se ha dado cumplimiento, por primera vez,al reconocimiento del derecho de propiedad de comunidades asentadas en ANP,al haberse titulado cinco comunidades campesinas asentadas en la reserva nacionalAllpahuayo Mishana, en Loreto, a pocos kilómetros de la ciudad de Iquitos.El Código del Medio Ambiente fue mutilado por el Gobierno de Fujimori, apartir de 1991, mediante una serie de decretos legislativos orientados a promoverla inversión de capitales extranjeros en el país. De hecho el artículo que obligabaa las empresas de hidrocarburos, a incluir los costos de reposición de las áreasafectadas en comunidades indígenas, fue derogado. Igualmente se eliminó el artículo71º que imposibilitaba la explotación de recursos no renovables en las ANP.Apenas se mantuvo una prohibición en el caso de recursos del patrimonio naturalcultural (aquellas obras arqueológicas o históricas unidas a la naturaleza: andenes,canales, acueductos y otras).El cambio de la Constitución efectuado durante el Gobierno de Fujimori redujolas garantías constitucionales que hasta entonces amparaban a las comunidadescampesinas y nativas. La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de lasActividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las ComunidadesCampesinas y Nativas (DL Nº 26.505), a la cual ya antes nos hemos referido,abrió las puertas para la parcelación de las comunidades y su disolución legal.Esta norma eliminó todas las causales para expropiación de tierras que habíansido establecidas por la ley de Reforma Agraria (1969), como la conducciónindirecta de los predios, su uso antisocial y otras; y sólo mantuvo la causal denecesidad pública, circunscrita a la ejecución de obras de infraestructura y serviciospúblicos. También estableció amplias facilidades para que empresas transnacionalesy particulares constituyan latifundios en la región amazónica.No obstante los embates de las normas dictadas durante este Gobierno,fue durante el mandato de Fujimori, que se prolongó durante 11 largos años, quese titularon más comunidades (el 45,3% de las existentes) y más tierras a las comunidades(el 54,5% del total), así como más tierras por año (500.498 hectáreas)y más promedio de tierras por comunidad (10.028 hectáreas). Fue también duranteese Gobierno que, en 1993, el país ratificó el Convenio 169 de la OIT.Sin embargo, el dato sobre las titulaciones realizadas durante el Gobierno deFujimori es engañoso. En 1990, cuando él llegó al poder, se había culminado eltrabajo de titulación de 209 comunidades ubicadas en la parte alta de la cuencadel Ucayali, así como otros seis procesos regionales de titulación, con un númeroaproximado de 350 comunidades. Es decir, los expedientes de una gran parte de lascomunidades tituladas por Fujimori habían sido realizados durante el Gobiernoanterior. Por lo demás, la titulación de estas comunidades implicó una dura luchade AIDESEP contra el Gobierno, que se negó, durante cuatro años, a culminar lo