Marcando Territorio - Justicia Viva

TERRITORIOS INDIGENAS: una utopia inconclusa - el estado de la cuestion81De todos los crímenes contra indígenas cometidos por grupos paramilitaresen los últimos 30 años, el 42% ha ocurrido durante el presente periodo, apesar de que el Gobierno sostiene que dichos grupos se encuentran en cesede hostilidades. Del total de crímenes contra indígenas ocurridos duranteeste mismo periodo, el 43% ha sido cometido por paramilitares, el 29% porla fuerza pública, el 16% por la insurgencia y 11% por otros actores. Estascifras confirman que lejos de disminuir la situación de crisis humanitaria delos pueblos indígenas en Colombia, la actual política de “seguridad democrática”la ha llevado a niveles dramáticos.Las acciones de guerra, al constituirse en hábito, se utilizan de manerausual por cualquiera de los actores interesados económica o políticamenteen los territorios indígenas. Por ejemplo, las organizaciones indígenas hanacusado con frecuencia al Gobierno de estar procediendo a despejar áreas depoblación indígena para facilitar el desarrollo de inversiones transnacionalesy la implementación de megaproyectos, bajo el pretexto del combate alterrorismo y al narcotráfico, acusación que aparece reflejada en el tercer informede la CIDH.En efecto, el desplazamiento de población indígena, tan sólo uno de entremuchos otros sectores afectados, alcanza cifras alarmantes. La ProcuraduríaGeneral de la Nación (2005: 33) informa que más de 1.800.000 colombianos(aproximadamente el 10% del total de la población rural) han sido desplazadosen los últimos años. La relación de este desplazamiento intenso con lacuestión de la tierra ha sido puesta de manifiesto en diversos documentosoficiales. Así, el propio informe de la Procuraduría da cuenta de que el 72%de la población desplazada tenía vínculos rurales y el 42% era propietaria ocontaba con algún tipo de derecho de uso directo; reporta que un 13% vendiósus tierras para poder huir y que casi tres cuartas partes de los desplazadosabandonaron las tierras y buscan acomodo en nuevas zonas de refugio.El informe del CEDE para el año 2004 confirma además que la poblacióndesplazada ha perdido cuatro millones de hectáreas lo que equivale a unatercera parte de la tierra cultivada en Colombia (CEDE 2004). Montaña, citandoal CEDE (2004), señala que “las regiones del país donde se ha agudizado elconflicto armado presentan además una elevada violación de los derechos humanosy un mercado dinámico de tierras impulsado por la demanda por parte de los narcotraficantes”;que “las zonas con mayor concentración de la tierra son, asimismo,aquellas con [...] mayores niveles de violencia”; que “los narcotraficantes poseen el48 por ciento de las mejores tierras del país”; y que “el desplazamiento es más frecuenteen los departamentos con mayor concentración de la tierra”. Ella concluyeseñalando que “...los desplazados pierden todo tipo de vínculo con la tierra, puesgeneralmente llegan a lugares que no les ofrecen trabajo agrícola”, si bien la tierra“constituye, por lo general, el único activo de los hogares por lo cual el deseo derecuperar el predio abandonado es un incentivo para retornar, estando relacionado